Según informa la Federación, la propuesta de Resolución se refiere al informe que, con arreglo al artículo 10 de la Directiva 2006/22/CE, la Comisión debía presentar al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 1 de mayo de 2010, de cara a analizar la situación en cada uno de los Estados miembros de la UE.
Como responsable del asunto en la Comisión de Transportes del Europarlamento, la ponente popular austríaca Hella Ranner recrimina a la Comisión Europea que presentase su informe con retraso y que además éste no estuviera completo, debido a que varios Estados Miembros no fueron capaces de suministrar la información requerida para incluir en el mismo. De hecho, dado que el informe presentado por la Comisión no representa un análisis completo de la situación actual, la ponente propone solicitar un nuevo informe actualizado y completo que la Comisión debería presentar antes de que acabe el año.
Disparidad de criterios
Por lo demás, el Parlamento observa que las diferencias de las sanciones por infracciones graves de las normas sociales en el transporte por carretera previstas en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros no se refieren sólo al importe de las multas, sino también a la naturaleza y a la categoría de las sanciones. En este sentido, la propuesta de Resolución lamenta que algunos Estados miembros no prevean la graduación de las sanciones en función de la gravedad de la infracción.
La propuesta de Resolución hace hincapié asimismo en la necesidad de establecer un sistema penal equilibrado y disuasorio basado en unas sanciones claras, transparentes y equiparables entre los Estados miembros. Por ello solicita a los Estados miembros que busquen soluciones para reducir las diferencias en la naturaleza y la cuantía de las penas. En este sentido se propone que se establezcan penas mínimas y máximas para cada infracción de las normas sociales en el transporte por carretera.
