Además, otros aspectos de actualidad, como los jurídicos que conlleva la nueva Ley de Contrato de Transportes también fueron debatidos en profundidad por los ponentes, en un evento que inauguraron Francisco Javier Quel, decano de la Facultad de Derecho, e Ignacio Cepeda, presidente de Guitrans, quienes destacaron la importancia de potenciar la colaboración entre el mundo empresarial y universitario para generar nuevas reflexiones y ámbitos de debate, que permitan resolver positivamente los retos que se le presentan a una actividad fundamental para el desarrollo económico, como es el transporte de mercancías.
Carlos Pascual, consejero de Presidencia de Astic, realizó un repaso de la evolución del transporte en España desde los años '30 hasta nuestros días, el cual pasó a partir de los años '60 por una etapa floreciente, con un mercado fuertemente contingentado, que regulaba el equilibrio entre oferta y demanda y propició la creación de empresas de cierto tamaño, que dieron auge a la actividad, con criterios de calidad laboral.
Es a partir de 1985 cuando se acelera el proceso de armonización de la política europea de transporte, tanto en el plano técnico y social, como fiscal, generando una oleada de cambios normativos que han ido liberalizando el mercado, mientras imponían normas muy estrictas para la actividad, como los tiempos de trabajo y de conducción y descanso, que paulatinamente han ido reduciendo la rentabilidad de las empresas.
Tanto es así que, según Pascual, hemos llegado a un punto en que las grandes empresas han ido desapareciendo, segregándose en estructuras más pequeñas, sin apenas asalariados, empeorando ostensiblemente las condiciones de competencia y en claro detrimento de la calidad empresarial y laboral. El integrante de Astic no dudó en calificar como ‘drama’ para el transporte la destrucción de la empresa clásica.
Contratos y Juntas Arbitrales
Cerró la jornada Alberto Emparanza, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad del País Vasco y vocal de la Junta Arbitral del País Vasco, que expuso las modificaciones más significativas introducidas por la Ley del Contrato de Transporte, la cual sustituye a una norma "antigua donde las haya" como es el Código de Comercio de 1885. Destacó que es verdad que se parece mucho al CMR, porque el legislador lo ha querido así, ya que el Convenio CMR ha sido altamente positivo para el transporte internacional.
La nueva ley permite pactar casi todos los términos del contrato, excepto el capítulo de responsabilidades, que queda delimitado de una manera más clara. Destacó que esta nueva Ley supone avances importantes con relación a la normativa que deroga, pero reconoció que el plazo de pago a 30 días establecido no es efectivo, ya que la ley permite pactar otra cosa, y también calificó de excesivo el plazo de reclamación por daños ‘no a la vista’ de la mercancía entregada, que es de siete días, plazo a todas luces excesivo e innecesario.
En relación a las Juntas Arbitrales planteó que constituyen una herramienta muy eficaz para dirimir controversias de menos de 6.000 euros y que sería muy positivo para el transporte, en este contexto de crisis en el que se han multiplicado las reclamaciones, que se mejoraran los recursos destinados a las mismas, ya que en este momento acumulan un retraso mínimo de seis meses, lo que contrarresta en gran medida su efectividad.
