Para Cascales el problema de las cargas administrativas "deviene de que hay una, no sólo compleja, sino muy amplia o excesiva regulación". "¿Realmente somos un Estado con un marco regulatorio demasiado amplio"?, se preguntó: "Sí, realmente", respondió a continuación, algo que a su juicio se debe a la configuración que existe en España, donde "entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, todas dictan normas. Y con un carácter no sólo exclusivo, sino que excluyentes". A eso hay que sumarle otro "escalón", que es la Unión Europea, produciéndose finalmente una "súper complejidad". Ahora, Cascales aclaró que muchas veces la UE permite una unidad jurídica y de mercado que sí resulta positiva para el Sector.
El papel de la UE
Sin embargo, pese a ese rol protector o de ‘paraguas’ unificador que puede jugar la UE, "las trabas a la creación de empresas en España son muy superiores a la media. Y si además hablamos de trámites para desarrollar la actividad, la proporción es peor", reflexionó el abogado. "Siempre hemos sido un Estado muy intervencionista", continuó. Si a esto hay que agregar que en nuestro país se dan continuos procesos de rectificación y renovación de las normas —"es una tradición en España que la norma no dure"— se produce una "enorme inseguridad jurídica y unos costes mayúsculos".
Y más aún. Según Cascales, a este escenario se suma la "ineptitud administrativa", un excesivo afán de control y un mal funcionamiento de las administraciones públicas, ya que muchas veces el problema no está en el número de trámites sino en su enorme lentitud. "La empresa no se puede acomodar a la realidad, y eso tiene un enorme coste", reiteró.
Por todo lo anteriormente dicho, el académico ve como obvia la necesidad de reformar la Administración, a la que describió como un buque, ya que aún teniendo sus planes de mejora, "según tapas agujeros entra agua por otros sitios". Pese a esta reflexión, reconoció que "sería injusto no mencionar los enormes avances que se han producido en distintos ámbitos", si bien las soluciones, para el Sector, pasarían más bien por lograr cambios a nivel comunitario, no ya estatal. "La UE es exacerbadamente intervencionista, y más para el Sector del transporte", apuntó.
Vías de solución
Ante este panorama, Cascales propuso el tema tecnológico como camino de solución, y resaltó la necesidad de profundizar en los temas de la sociedad de la información, "yendo hacia formularios menos complejos y mucho más uniformes", junto con el acceso de las pymes a las nuevas tecnologías. Por otra parte, hizo referencia a la necesidad de "compendiar normas que están dispersas", mientras que a nivel de la UE, propuso la homologación de los "procedimientos y trámites que sean similares".
Para Cascales, desde el Ministerio de la Presidencia se está haciendo mucho en cuanto a simplificación de los trámites y homogeneización, "pero se puede hacer mucho más". Respecto a los concursos —ejemplificó— "cada ministerio, consejería y comunidad autónoma, en materias absolutamente iguales tiene pliegos absolutamente dispares. Y algunas veces esos pliegos concursales son de 250 ó 300 folios y no hay quien los entienda. La prueba la tenemos en el sector del transporte: recientemente han declarado desiertos dos concursos porque sencillamente no ha habido ninguna empresa que acierte desde el punto de vista formal a entregar toda la documentación bien. Y se han presentado empresas importantísimas que están acostumbradas a ganar concursos a nivel mundial. ¿Eso es un suspenso general para el Sector?: No. Eso es un suspenso general para el ministerio, o para la administración pública, con todos mis respetos. Es como cuando el profesor suspende a toda la case. Ahí el malo es el profesor, no toda la clase". "En el tema de los concursos aún se puede hacer mucho, por unidad jurídica y de mercado", enfatizó.
"El transporte es algo muy cambiante, entonces muchas veces no se trata tanto de que se eliminen trámites y procedimientos, sino de que realmente se vayan cumpliendo con la celeridad debida. Porque los administrados tenemos unos plazos para todo y si no, no podemos ni recurrir. Pero la Administración parece que tiene el plazo que quiere. Y el coste de esto es fundamental... Y también el daño al usuario", finalizó.
