Según explica la propia Comisión Nacional de la Competencia mediante un comunicado, dicho recurso, presentado con fecha 26 de julio, se formula con fundamento en lo dispuesto en el art. 12.3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia con arreglo al cual "la Comisión Nacional de la Competencia está legitimada para impugnar ante la jurisdicción competente actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados".
"Todo ello viene a culminar los esfuerzos de promoción de la competencia realizados en este sector desde la publicación, en septiembre de 2008, del Informe de la CNC, La competencia en el transporte interurbano de viajeros en autobús en España", afirman desde la entidad.
En esta línea, en abril de 2010 se hizo público un informe en el que se ponía de manifiesto la intención de muchas Comunidades Autónomas de proceder a la prórroga de las concesiones de autobús, "tratando de eliminar cualquier atisbo de liberalización, aunque viniera impuesta por el cumplimiento de las normas comunitarias".
En el caso de la Xunta de Galicia, el Consejo de la CNC había hecho llegar ya un primer requerimiento, que —afirman desde la Comisión— no ha sido contestado, para que modificara su normativa "por entender que era contraria a la competencia y a esas normas comunitarias".
Se repite el caso valenciano
La CNC ya hizo uso de este instrumento jurídico el 28 de mayo de 2010 recurriendo el plan de modernización de las concesiones de transporte público regular de viajeros por carretera de la Comunidad Valenciana ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. En dicha ocasión, fuentes de la Comunidad Valenciana expresaron su perplejidad a este diario, explicando que "el objetivo de optar por la fórmula de actualización de las concesiones existentes es ofrecer una mejora en el servicio sin que esto implique un aumento de tarifas para los usuarios o del gasto para las administraciones públicas".
