Al documento de alegaciones al "Anteproyecto de norma foral por la que se establecen los criterios para la determinación de gravámenes a aplicar a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de infraestructuras viarias en el Territorio Histórico de Guipúzcoa" se han adherido el presidente de la Cámara de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría; el presidente de la Cámara Navarra de Comercio e Industria, Javier Taberna; el presidente de ANET (Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística), Rafael Irigoyen; y el director gerente de Tradisna (Asociación de Transportistas Autónomos de Navarra), Antonio Monzó, quienes acompañaron a la consejera en rueda de prensa.
El pasado mes de marzo, cuando el asunto comenzó a tomar forma, los presentes ya manifestaron de manera conjunta su oposición a la política de peajes que se pretende implantar desde Guipúzcoa, al considerarla una medida injusta, insolidaria, discriminatoria e inoportuna, indican desde la Consejería foral.
Valoraciones de la consejera
Según palabras de la consejera Alba, las alegaciones no entran de forma intencionada en la modificación del articulado del texto que se somete a información pública, sino que se alega la oposición total a la norma, por su extensa repercusión al conjunto de España y a la economía en general. Así mismo, la consejera ha recalcado la incoherencia de la norma de Guipúzcoa con la postura mantenida por el Ministerio en la transposición de la Directiva Europea que se recoge en el Real Decreto 713/2009, a los acuerdos que se firmaron por el Ministerio con el Sector del transporte en 2008, y a la postura que se ha mantenido por el Ministerio en Europa, recordando la reciente votación de España en contra de la reforma de la Euroviñeta y las manifestaciones del ministro de Fomento en las que señalaba la negativa penalización que dicha norma supone para los países periféricos.
Por otra parte, la consejera Alba ha manifestado que el Gobierno de Navarra va a realizar todas las acciones oportunas para intentar impedir que la norma siga adelante y, en su caso, si fuera viable, incluso recurrirla, y, por otra parte, también ha solicitado una reunión urgente con la secretaria general de Transportes del Gobierno de España para trasladarle su preocupación y para que la Administración General del Estado tome cartas en el asunto.
