"No entendemos cómo en una democracia se aprueba una norma que afecta tanto a un sector sin contar con el mismo. Los partidos políticos que apoyaron la Enmienda, especialmente Partido Popular (PP) y Convergencia i Unió (CIU), no son conscientes de las terribles repercusiones que esta medida tiene sobre la industria del automóvil", argumentó García Sanz.
Para el máximo representante de Anfac, "no han evaluado el daño que van a causar a la principal industria del país en un momento de crisis como el actual. Estos partidos políticos tienen responsabilidad de gobierno en varias Comunidades Autónomas donde hay fábricas instaladas. Han puesto en peligro los puestos de trabajo de muchas familias que trabajan en esas factorías, cuando deberían haber sido más sensibles a la situación".
Aludiendo a que lo que necesita el sector de automoción "es tranquilidad y confianza", Francisco García Sanz ha calificado de "chapuza normativa" la reciente enmienda (número 234) a la Ley de Economía Sostenible aprobada el pasado martes en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de Partido Popular (PP) y Convergencia i Unió (CIU).
Esta normativa es de carácter transitorio, ya que existe un proyecto de Ley de Contratos de Distribución, que según ha anunciado el ministro de Industria, Miguel Sebastián, se pondrá en marcha en la presente legislatura. Como ha explicado posteriormente Aránzazu Mur, directora económica de Anfac, "además de tener que asumir la devolución de stocks (a partir de los 60 días y al mismo precio de la venta), al rescindir un contrato con el distribuidor el fabricante debe hacer frente a una serie de indemnizaciones (independientemente de la causa de esta rescisión, que podría producirse incluso por incumplimiento por parte del concesionario) entre las que figuran, por ejemplo, aquellas destinadas al personal del que haya tenido que prescindir el concesionario, y una compensatoria por clientela no inferior al importe medio anual de las ventas realizadas por el distribuidor en los últimos cinco años". Según Mur, no existe precedente en Europa, "Austria, Bélgica y Alemania son los únicos países en los que existen ciertas cláusulas en el caso de rescisión de contrato a un concesionario".
Cambio repentino
Pero la indignación de Anfac va más allá del contenido de la norma. Y es que según ha recordado García Sanz "se trata de una intromisión política inaceptable en la regulación de un sector del que dependen, directa o indirectamente, casi dos millones de familias". En opinión del presidente de la asociación de fabricantes "se han equivocado y tienen que rectificar, de lo contrario, serán responsables de las pérdidas de inversiones en España y de empleo que esta normativa pueda producir". A su juicio, "esto va a crear una fuerte inseguridad en las relaciones entre los fabricantes y sus redes comerciales, en un momento especialmente crítico para la industria del automóvil. Y esto también repercutirá negativamente en el empleo de las redes comerciales, muy castigado durante esta etapa de crisis". Finalmente ha señalado que "esta nueva normativa pone en grave riesgo las inversiones ya asignadas y las posibles futuras en la industria del automóvil en España".
Desde Anfac aseguran que se ha producido un cambio de intención de voto repentino por parte de los principales partidos políticos de la oposición, cuyo compromiso , a escasas 48 horas de la votación, era posicionarse en contra de esta enmienda.
La asociación celebrará una Junta Directiva el próximo 23 de febrero para debatir las acciones a emprender al respecto de la nueva normativa y reconsiderar algunas acciones ya aprobadas en el sentido de la inversión, como puede ser la participación en el Salón del Automóvil de Barcelona.
