En este 2º encuentro se ha propuesto una serie de objetivos que ayudarán a contribuir desde las ciudades españolas a reducir la accidentalidad y mejorar la seguridad vial. Así, los participantes han declarado:
- Integrar la seguridad vial en las estrategias locales de movilidad sostenible y hacer de la movilidad sostenible y la accesibilidad universal valores fundamentales en la planificación y gestión de las ciudades.
- Constatar la necesidad de disponer de un Observatorio para la movilidad urbana en la Administración General de Estado, que elabore recomendaciones, normas técnicas, informes y disemine las buenas prácticas, siguiendo la recomendación del Plan de Acción Europeo para la movilidad urbana sostenible.
- Actuar sobre el diseño de las calles jerarquizando las vías según su uso, creando un modelo de ciudad que garantice la movilidad sostenible y segura de todos los sistemas de desplazamiento y medios de transporte, y fomente una actividad económica competitiva.
- Aumentar la protección de los colectivos más vulnerables mediante la extensión de Zonas 30 y zonas de convivencia para adecuar la velocidad a las exigencias de la seguridad de peatones y ciclistas.
- Planificar una red básica de carriles bici de conexión, complementaria a las zonas de convivencia, y promover sistemas públicos de bicicleta y otras buenas prácticas para su promoción.
- Experimentar diseños viales que ayuden a la convivencia de las motos con el resto de vehículos en la calzada.
- Impulsar el Camino Escolar y los itinerarios seguros como una herramienta para promover que las ciudades sean educadoras en valores de convivencia, respeto y civismo.
- Reforzar de forma permanente los niveles de disciplina vial municipal, en especial en lo que se refiere a las infracciones más graves y participando activamente, las policías locales, en campañas de vigilancia y control de ámbito nacional.
- Adaptar el Reglamento General de Circulación a la nueva visión de la movilidad sostenible y segura, de forma que las Ordenanzas Municipales dispongan de un nuevo marco legal.
- Implantar sistemas que mejoren la recogida y el análisis de información sobre movilidad y accidentalidad vial urbana que alimenten la base de datos nacional de accidentes de tráfico.
- Focalizar la acción para la mejora de la seguridad vial en las víctimas. Garantizar la atención sanitaria y social a las víctimas de accidentes de tráfico y sus familias, el seguimiento de su evolución y un sistema de rehabilitación y compensación de las secuelas justo.
- Fomentar la participación y el debate ciudadano e impulsar los pactos locales de movilidad y seguridad vial. Mejorar la colaboración entre instituciones para tener un mejor conocimiento de la accidentalidad y poder impulsar actuaciones comunes.
Premio Movilidad Segura
En otro ámbito, el jurado ha concedido al Ayuntamiento de Pontevedra el premio Movilidad Segura por los esfuerzos que ha realizado por implantar un modelo de movilidad local más sostenible y, en especial, por la participación de los distintos sectores y departamentos municipales en este proceso. El Ayuntamiento pontevedrés ha creado, de esta forma, un entorno urbano centrado en el peatón, que contribuye a reducir la accidentalidad y garantizar que todos los ciudadanos se desplacen de forma segura y saludable. Asimismo, se ha hecho una mención especial al Ayuntamiento de Córdoba por su plan de Movilidad Urbana Sostenible que integra los distintos programas sectoriales, en los que se trabaja en ámbitos como la seguridad, movilidad, educación, infraestructuras, planificación y salud, con resultados efectivos.
En este 2º Encuentro han participado, entre otros, más de 20 ayuntamientos, como por ejemplo los de Madrid, Barcelona, Córdoba, San Sebastián, Málaga, Vitoria, Valladolid, Ávila y Pontevedra, además de instituciones y organismos como el Servei Catalá de Tránsit, la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco o la Fiscalía de Seguridad Vial; asociaciones de víctimas como Aesleme, Stop Accidentes, Aspaym, DIA, PAT y Almat; asociaciones de usuarios como Racc, Race, Mutua Motera, A Pie; institutos de investigación y fundaciones como Cidaut; Universidades como las de Valencia, Barcelona, País Vasco y Granada, y, finalmente, otros organismos de la Administración Central como las Direcciones Generales de Transporte Terrestre y la de Calidad y Evaluación Ambiental y la Diputación de Barcelona.
