Hasta ahora, las negociaciones con ambas partes no han dado ningún fruto y las seis asociaciones que componen la Federación Española de Transporte Discrecional de Mercancías, Fetransa, se han dado de plazo hasta el 31 de marzo para encontrar una solución que obligue a cumplir los acuerdos. En sentido contrario, se convocará un paro previsto para mediados de abril que coincidirá con la celebración de la Semana Santa.
"La situación del sector es insostenible. La posición dominante en las relaciones comerciales que ostentan los cargadores imposibilita que los transportistas autónomos repercutan el aumento del coste de combustible a sus clientes. Si no se cumplen los compromisos de revisión de los precios, miles de autónomos se verán obligados a abandonar su actividad y las consecuencias serán nefastas para el sector y el empleo en España", señalan desde Fetransa.
Desde Fetransa recuerdan que los autónomos, "la parte más débil del eslabón del transporte de mercancías por carretera, están sufriendo una caída del 30% en la actividad. Ello les está obligando a aceptar contratos con precios por debajo de costes con el fin de mantener los vehículos. Estos costes han crecido más de un 8% en lo que va de año, lo que supone 9.350 euros de incremento respecto a 2010, situación que se verá agravada —posiblemente hasta llegar a los 12.000 euros— si se mantiene el precio del carburante, que ha aumentado un 24,9% este año y que prácticamente se ha duplicado en los últimos dos años". Desde el comienzo de la crisis han tenido que abandonar la actividad más de 25.000 transportistas autónomos, aseguran desde la Federación.
Acuerdos de junio de 2008
Se da la circunstancia, subrayan desde Fetransa, que en junio del 2008, los transportistas autónomos y las empresas cargadoras firmaron un acuerdo por el que se comprometían a revisar los precios si el coste del carburante se incrementaba un 5%. Pese a que ha habido multitud de reuniones, estas empresas se han negado a cumplir estos pactos dejando en la indefensión a miles de autónomos del Sector.
Fetransa exige también al Gobierno que establezca un régimen sancionador para las empresas que no cumplen estos acuerdos y establecen precios abusivos para el transporte de mercancías que realizan los autónomos. Asimismo la federación quiere que exista una verdadera labor de inspección para velar por el cumplimiento de estos acuerdos y que los funcionarios denuncien las malas prácticas de ‘dumping’ que impiden cubrir los costes del transporte.
Según el presidente de Fetransa, Jaime Díez Dojen, "lo lógico sería fijar un coste mínimo –que no un precio— a través del Observatorio de costes del transporte de mercancías para tener una referencia que impida a las grandes empresas imponer tarifas abusivas".
Del mismo modo, Fetransa exigirá el cumplimiento de la ley de Morosidad, ya que los autónomos soportan 120 días de media, (90 días más de lo que establece la Ley) para el cobro del servicio lo que está arrastrando una deuda de más de 4.600 millones de euros. "La morosidad es una lacra que está poniendo a los transportistas autónomos al borde de la ruina y, junto al problema de los precios y de los costes, está provocando el abandono de muchos compañeros que se van a sus casas llenos de deudas", asegura Díez Dojen.
