La Confederación basa su rechazo en el hecho de que su implantación "comportaría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española al encarecer el precio de los productos (el 85% se transporta por carretera) y dificultar las exportaciones como consecuencia de la situación periférica de España. Además, se trataría de una medida inflacionista que afectaría de forma negativa al consumidor final, reduciendo su poder adquisitivo. En consecuencia, consideramos que esta medida lastraría todavía más la producción y el consumo, imprescindibles para salir de la crisis en la que nos encontramos".
Además, fuentes de la CETM aseguran que "nos parece una propuesta tremendamente discriminatoria e injusta, pues incide de forma desproporcionada en el transporte de mercancías por carretera, principal consumidor de hidrocarburos en nuestro país. Máxime, cuando las empresas de transporte contribuyen económicamente a sustentar la sanidad pública desde hace varios años a través del denominado ‘céntimo sanitario’, a pesar de que la Comisión Europea ha dictaminado que España incumple la normativa europea de tributación por su aplicación".
Una carga más
Otro de los argumentos esgrimidos por CETM es que "el transporte de mercancías por carretera cubre sobradamente con sus impuestos los costes externos y de infraestructuras que genera. En consecuencia, una medida como esta no nos ocasionaría ningún beneficio, tal y como justifica para su puesta en marcha Sáenz de Cosculluela, y sólo sería una carga más para un Sector que está sumido en una profunda crisis desde hace más de tres años, que se ha saldado con la desaparición de más de 9.000 empresas y 50.000 puestos de trabajo en 2010".
En definitiva, la CETM, del mismo modo que la asociación gallega Fegatramer, consideran "inadmisible y fuera de lugar la propuesta de Aerco, así como otras propuestas, que últimamente se han vertido en distintos medios de comunicación en el sentido de una subida de impuestos en los hidrocarburos, en este caso para destinarlo a sufragar la deuda sanitaria". En este sentido se recuerda desde Fegatramer que "en Galicia sigue vigente el llamado ‘céntimo sanitario’, a pesar de que la Comisión Europea ha dictaminado que España incumple la normativa europea de tributación por su aplicación".
