Dicha cantidad, unida a los 231,66 millones de euros abonados en 2010, cubren la totalidad de las reclamaciones con sentencia firme recibidas por el conjunto del sistema portuario de titularidad estatal a día de hoy, sumando un total de 302 millones de euros.
La razón de esta situación proviene de la anulación de las liquidaciones por tarifas portuarias viene avalada por las sentencias del Tribunal Constitucional que en 2009 declaró inconstitucionales diversos artículos de las Leyes de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1999 y 2000, estableciendo que las tarifas portuarias debían considerarse como prestaciones patrimoniales de carácter público.
