La morosidad asciende a 1.098 millones de euros, el 29% de la facturación total del sector, de los que 768 millones de euros corresponden a deudas de las corporaciones locales por los servicios de transporte urbano y el resto a las comunidades autónomas por los servicios de transporte escolar en los centros públicos, según informan desde Asintra.
"Nuestro sector está conformado principalmente por pymes que, tras soportar esta alta morosidad, unida a la restricción crediticia y la fuerte escalada del precio del combustible, con un incremento del 58% del precio del gasóleo desde enero de 2009, no puede aceptar ninguna quita para poder anticipar el cobro de la deuda tal y como propone el Real Decreto-ley 4/2012, además supone una alteración en la prioridad de pago que se establece por la antigüedad de la fecha de la factura, como se indica en el Código Civil", argumentan desde la Federación.
Además, algunos ayuntamientos están intentando dejar fuera del procedimiento establecido por el Real Decreto a los proveedores de servicios de transporte urbano, no queriendo incluir las facturas pendientes de pago por estos conceptos en la relación certificada de obligaciones de pago que tienen que remitir antes del próximo 15 de marzo al Ministerio de Hacienda.
Intermediación
En este sentido, desde Asintra aseguran que se han enviado sendas cartas al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a la ministra de Fomento, Ana Pastor, solicitándoles que intercedan para que las empresas de transporte en autobús puedan acogerse a este mecanismo de pago sin excepción de ningún ayuntamiento.
