CETM considera que "no tiene sentido convocar una huelga general en un momento en el que España atraviesa por una situación tremendamente difícil, que, por el contrario, hace necesario que todo el mundo aporte su grano de arena para salir de la crisis cuanto antes".
La CETM respeta "el derecho a la huelga y el de los trabajadores que quieran secundarla. Pero, de igual manera, solicita al Gobierno que vele por el derecho constitucional de los que decidan trabajar ese día y ejercer libremente su actividad", por lo que anima a sus asociados "que así lo deseen a prestar los servicios de transporte a sus clientes con normalidad, al tiempo que reclamamos, una vez más, a las fuerzas de orden público, que velen para que ésto se produzca sin incidentes de ningún tipo".
Por su parte, Fetransa tampoco secundará la huelga, aunque "en la próxima reunión prevista para el 11 de abril con otras organizaciones de transportistas se estudiará establecer un calendario para llevar a cabo, de forma conjunta y coordinada, medidas de protesta no solo ante la desatención y desidia de la Administración a la hora de adoptar medidas para el Sector del transporte, que ha sido uno de los más afectados por la crisis, sino por el continuo abuso de las condiciones contractuales que cometen tanto los cargadores como los operadores de transporte, principalmente provocado por el incumplimiento de la cláusula de revisión del carburante y los plazos máximos de pago", afirma su presidente, Jorge Martín Serrano.
Irán a la huelga
En el lado opuesto se sitúa Uniatramc, para quien "el conjunto de medidas adoptadas por el Gobierno de España, en consonancia con las políticas neoliberales definidas desde la Unión Europea y los principales centros económicos de decisión (FMI, Banco Mundial, Banco Central Europeo), sumado a la involucionista reforma laboral recientemente aprobada y al recorte presupuestario permanente que está debilitando los servicios públicos y el Estado de Bienestar, nos lleva a apoyar la convocatoria de huelga general del próximo 29 de marzo".
Para la Unión de Pequeños Autónomos del Transporte, las Comunicaciones y el Mar, las medidas reseñadas están "deteriorando nuestra actividad económica y productiva, reduciendo aún más la carga de trabajo en el transporte por carretera, unido al aumento de la presión fiscal, el céntimo sanitario, la práctica desaparición del gasóleo profesional, las subidas constantes del gasoil y la próxima implantación de la Euroviñeta. A todo ello hay que sumar los aplazamientos y demoras en los cobros, el elevado volumen de impagos y las caídas de las tarifas del transporte. Además, la reforma laboral deteriora la negociación colectiva, la seguridad legal de los asalariados y estimula el despido".
