La Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, contra la que el Ministerio interpuso un recurso de inconstitucionalidad, contempla un periodo de cuatro años desde su entrada en vigor (24 de junio de 2007) para hacer efectiva la exigencia del tacógrafo.
Por oto ello la Federación de Transporte de Tenerife (Fetrante) ha manifestado su preocupación por la inseguridad jurídica que se podría cernir sobre los transportistas tinerfeños que aún no han instalado el tacógrafo en sus vehículos, en caso de que el Tribunal Constitucional admita a trámite dicho recurso, que podría dejar en suspenso la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.
A Fetrante también le preocupa una reunión que se llevará a cabo el próximo mes en las Islas entre el consejero autonómico de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández, y el director general de Transportes, Juan Miguel Sánchez. Según Benjamín Prieto, presidente de la Federación, el recurso ministerial podría ocasionar un "vacío de ley" que los dejaría "vendidos si actúa la policía".
Por su parte, el consejero llamó a la tranquilidad, asegurando que el Gobierno autonómico ha llegado a un principio de acuerdo con Fomento para que la Administración Central asuma una excepción hasta que el Constitucional se pronuncie de forma definitiva sobre la Ley canaria, siempre que el recurso se admita a trámite.
De imponerse el criterio estatal, los plazos para la instalación se verán reducidos considerablemente, lo que chocará con la carencia de talleres autorizados para la instalación del dispositivo.
