En la carta, ambas federaciones agradecieron a García de la Calzada la confirmación de que todas las obligaciones pendientes de pago por parte de la Junta de Comunidades serán incluidas en la relación certificada que exige el Real Decreto Ley 4/2012 sobre pago a proveedores, "algo que para nosotros constituye una prioridad ineludible dadas nuestras extremas dificultades de liquidez, así como la cada vez más complicada accesibilidad a financiación ajena y el fuerte incremento del precio del combustible".
Los empresarios aprovecharon también para manifestar su preocupación sobre el futuro del transporte en Castilla-La Mancha, después de que la Junta decidiese el pasado 1 de enero la supresión de diferentes subvenciones a determinados colectivos como jóvenes, jubilados o familias numerosas. Por ello solicitaron una adecuación de la oferta existente a la demanda real con medidas de flexibilidad, sobre todo porque muchos tráficos comunitarios están soportados sobre concesiones estatales, "lo que conlleva aparejadas unas ineficiencias que afectan directamente a la cuenta de resultados, al sostenimiento empresarial y al medio ambiente".
Finalmente, las federaciones se comprometieron a participar en la mejora del transporte en Castilla-La Mancha y ofrecieron su colaboración en la redacción de un estudio para garantizar la sostenibilidad del transporte de viajeros por carretera.
