La LOTT, aprobada en 1987, ha quedado en muchos aspectos obsoleta, tanto respecto a la normativa nacional y comunitaria, como a la realidad actual del transporte por carretera. Por ello, se ha redactado un nuevo texto normativo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que se trata de una nueva reforma estructural que pretende "simplificar la burocracia que afecta a los transportistas e incrementar la transparencia y profesionalidad en un sector clave de la economía". El texto, incorpora distintos reglamentos comunitarios, y se suma a las reformas emprendidas por el Gobierno para facilitar la relación entra las Administraciones Públicas y los ciudadanos. Según la vicepresidenta, supone "menos burocracia, menos licencias, más agilidad y profesionalidad".
En nuevo texto busca, en primer lugar, incrementar la flexibilidad a las empresas para poder operar en el mercado. En la actualidad es necesaria una autorización para realizar transporte y otra segunda para realizar operaciones de subcontratación del mismo. Con la modificación prevista será posible realizar todo tipo de actividades relacionadas con el transporte con una única autorización.
Además se reducen las cargas administrativas para las empresas, ya que con la nueva ley podrán hacer todas las gestiones necesarias con la autoridad de transporte competente (Ministerio de Fomento o comunidades autónomas) a través de internet, sin necesidad de acudir físicamente a sus centros. Con esta medida se consigue una importante reducción de costes y de los tiempos de tramitación de las solicitudes.
Por otra parte, para ahorrar gastos en procesos judiciales y anticipar en el tiempo la resolución de los conflictos, se aumenta de 6.000 a 12.000 euros el límite económico para poder acudir a las Juntas Arbitrales y resolver posibles desacuerdos en los contratos.
Mejora de la transparencia
La nueva ley incrementará asimismo la transparencia en la gestión, ya que se hace público los datos registrados relativos a las empresas de transporte y agencias de intermediación que cuentan con autorización. Ello permitirá conocer a quien contrate si el transportista o la agencia está o no autorizada para la realización de su actividad.
Dicho avance resulta de gran importancia ya que el que contrata con un transportista o agencia no autorizada es responsable por ello e incurre en una infracción administrativa que será objeto, en su caso, de la correspondiente sanción económica. Hasta ahora, si se quería conocer esta información, se tenía que elevar a la administración una consulta puntual.
Otro de los aspectos destacados es la actualización y armonización de la ley con la actual normativa comunitaria, especialmente en aquellos aspectos relacionados con los requisitos de acceso al mercado, lo que incrementará la seguridad jurídica de las empresas.
También se armoniza la clasificación de las infracciones de transporte por carretera (en leves, graves y muy graves) previstas en una directiva comunitaria.
Se incrementa asimismo la lucha contra el intrusismo en el sector reforzando el principio de que sólo quien tenga autorización de transporte puede contratar y facturar en su nombre. Se regula una infracción para poder sancionar, bajo la normativa de transporte, cuando se incumpla dicho requerimiento.
Todas las medidas expuestas afectan tanto al transporte de mercancías como al transporte discrecional de viajeros, pero también hay una serie de aspectos contenidos en la norma que resultan importantes para el sector de las líneas regulares de transporte de viajeros por autobús, concesiones otorgadas por el Ministerio de Fomento o las comunidades autónomas.
