Según sus estimaciones, por cada taller oficial "estaría funcionando uno ilegal en nuestro país, es decir unos 3.000". Dicha petición de ambas patronales se produce después de que el pasado mes de junio la Guardia Civil de Cádiz, junto a la Inspección de Trabajo, llevara a cabo en dicha provincia la denominada operación "Trócola", en la que realizaron un total de 29 inspecciones, tramitando 221 actas de infracción en materia de actividades industriales, residuos peligrosos, trabajo y seguridad social, según han informado en el comunicado.
Faconauto y Anfac han trasladado su agradecimiento a la Guardia Civil por el buen resultado de esta operación, al tiempo que han recordado que "se trata únicamente de una ínfima parte de los talleres de reparación ilegales que están en funcionamiento".
Los usuarios, los más afectados
Las dos organizaciones han recordado que estos establecimientos "suponen una competencia desleal frente a los talleres de los concesionarios oficiales que, además de cumplir con sus obligaciones fiscales y con la legislación en materia laboral y medioambiental, hacen fuertes inversiones en formación y en equipamientos para prestar el servicio de calidad que prestan a sus usuarios". Además, han querido llamar la atención de esta situación, ya que se "ve agravada por el hecho de que la actividad de los talleres oficiales también ha reducido su actividad como consecuencia de la crisis". De esta manera, "las reparaciones ilegales y clandestinas han pasado a convertirse en un problema de primer orden para las redes de concesionarios, que por su causa ven incluso peligrar muchos puestos de trabajo", según han explicado Faconauto y Anfac.
Según ambas patronales, "los clientes y usuarios son los más afectados, ya que las reparaciones efectuadas en estos establecimientos no tienen ninguna garantía, no están sujetas a ningún arbitrio y no tienen posibilidad de ser reclamadas. Además, por su naturaleza, ponen en peligro la seguridad de los vehículos y la integridad física de sus ocupantes".
