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La EMT de Palma deja sobre la mesa la sanción a la empresa de mantenimiento por si se derivan responsabilidades penales

viernes 01 de marzo de 2013, 01:00h
Bus de la EMT de Palma de Mallorca.
Bus de la EMT de Palma de Mallorca.

El Consejo de Administración de la EMT de Palma de Mallorca ha dejado encima de la mesa la sanción de 3.000 euros prevista para la empresa concesionaria del mantenimiento de la flota de autobuses que durante las primeras semanas de enero desvió recursos públicos para atender los vehículos de su flota privada.

Se trata de una sanción que, para los representantes del PSIB-PSOE, era "insuficiente", por lo que han pedido un informe jurídico que determine si los hechos pueden ser constitutivos de un delito penal y deben, por tanto, remitirse a la fiscalía. De este modo, el Consejo de Administración ha dejado el acuerdo encima de la mesa hasta disponer del informe, según han informado los socialistas de Palma en un comunicado.

"La empresa que lleva el mantenimiento de la EMT factura más de 500.000 euros al mes y sobre la que los hechos demuestran que no existe ningún tipo de control", tal y como ha venido denunciando desde principio de legislatura el grupo socialista. "De hecho en las primeras semanas de enero, la empresa desvío personal y vehículos que debían trabajar en exclusiva para la EMT al mantenimiento de autobuses de una flota privada con la que quiere establecerse en las Islas", han sostenido al respecto.

El regidor socialista José Hila ha recordado que en 2010 el mantenimiento de 141 autobuses costó 2.811.000 euros y que, solo un año después, con la llegada del PP, la EMT pagó 4.147.000 por el mantenimiento de 121 vehículos, con el mismo contrato en vigor, "lo que demuestra que se eliminaron los controles sobre el mantenimiento", ha agregado. Actualmente la empresa factura más de 500.000 euros mensuales en virtud de un nuevo contrato que los socialistas pidieron que quedara sobre la mesa, ya que la EMT optó por una oferta más cara que la que quedó en segundo lugar.

Para los socialistas de las Islas Baleares, la sanción de 3.000 euros únicamente hace referencia a la utilización de una furgoneta de la EMT y "no castiga el hecho de que el personal de la concesionaria, que tiene exclusividad con la empresa pública, abandonara su puesto de trabajo para acudir a realizar tareas de mantenimiento en autobuses privados". De este modo, el regidor socialista José Hila ha criticado que el regidor de movilidad "haya asumido como propias" la tesis de la empresa concesionaria ya que esta situación provocó una disminución de la disponibilidad de autobuses de la EMT durante ese período y "un claro incumplimiento de las condiciones de adjudicación del servicio".