Si bien Catalá, que mantiene una conexión directa con Fomento, se mostró reacio a pronunciarse directamente sobre la imposición del peaje en autovías, lo cierto es que en su discurso destacó la idea de que sea el ciudadano quien asuma los gastos derivados de su conservación. "En España tenemos un magnífico patrimonio de infraestructuras y hay que administrarlo, hay que ir trasladando al ciudadano el concepto de que hay que mantenerlo y que su conservación debe asumirse por quienes lo usan", refiriéndose así al pago por uso.
Aunque la postura de Catalá quedó clara, el secretario de Estado de Infraestructuras reconoció la dificultad y la controversia que supone que los ciudadanos asuman directa e indirectamente el gasto. Por ello matizó que la idea sólo podría hacerse posible toda vez que "la sociedad española acepte este concepto" y "en una situación económica distinta", algo que hace sospechar que el ejecutivo, a pesar de las dificultades económicas, no implantaría esta medida hasta que el contexto económico cambie.
Las declaraciones de Catalá chocan con las que la ministra de Fomento, Ana Pastor, realizó una semana antes en la inauguración de una autovía en Sevilla. Pastor negó de forma categórica que su departamento haya estimado introducir peajes en las autovías, algo que, según la ministra, "no está sobre la mesa ni nunca lo ha estado". Lo cierto es que, antes las contradicciones del gobierno, algunos representantes han acusado a Catalá de querer utilizar el método del peaje blando como forma no de cubrir el mantenimiento de las autovías, sino de recaudar dinero para cubrir las pérdidas de las concesionarias de las autopistas de peajes. En estos términos se ha pronunciado Rafael Simancas, portavoz socialista de Fomento en el Congreso.
Gasto público y privado
La posición de Catalá, que aprovechó para defender la colaboración entre el capital público y privado en materia de inversiones, parece ser un guiño a las peticiones de empresas de gestión de infraestructuras como Abertis, que ya solicitaron al ejecutivo que impusiera "peajes blandos" por circular en autovías. De hecho, el presidente de la compañía, Salvador Alemany, llegó a declarar hace algunas semanas que el potencial de ingresos del Estado ascendería a 14.000 millones de euros si el gobierno decidiera concesionar las autovías e instalar peajes en ellas, con un ahorro en mantenimiento que otras fuentes estiman en más de 100.000 millones por una hipotética concesión de 30 años. Y lo cierto es que no extrañaría que sucediera algo así en el actual clima de cesiones de servicios públicos que el ejecutivo está realizando a favor de empresas privadas.
