La Resolución afectará a los más de 3.000 transportistas que diariamente circulan por dicha vía en el tramo comprendido entre Vidreras (Selva) y La Junquera (Alto Ampurdán), prohibiendo a partir del viernes 19 de Abril la circulación durante los 365 días del año y las 24 horas del día a los vehículos de transporte de mercancías de cuatro o más ejes, excepto aquellos cuya mercancía que transporte tenga origen o destino en las comarcas próximas a dicha carretera nacional. En consecuencia, la Resolución obliga a utilizar la autopista de peaje AP-7, lo que supone en la actualidad a cada transportista pagar en cada trayecto de ida y vuelta 40 euros adicionales.
Santi Vila, consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, reveló el pasado miércoles en el Parlament que el Gobierno autonómico aportará "aproximadamente" un millón de euros para "echar" a los transportistas de la N-2 de Girona.
Asimismo, el responsable de Territorio expuso que las bonificaciones en la tarifa del peaje de la AP-7 se sufragarán entre Abertis, concesionaria del peaje en cuestión, que pagará la mitad del coste, y el Ministerio de Fomento y la Generalitat, que compartirán la otra mitad del gasto. Esta financiación se plasmará en un acuerdo que ya está redactado y que se encuentra a la espera del visto bueno definitivo de Fomento.
Sin embargo, según Vila, las aportaciones de las instituciones públicas variarán dependiendo del volumen de tráfico que capte la autopista aunque desde la Generalitat se estima que el veto afectará a unos 2.800 camiones diarios.
La reacción del Sector
Fenadismer, Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, planteó a la Generalitat de Cataluña su rechazo a la misma al considerar que dicha medida "no tiene precedentes ni en España ni en el resto de Europa, por cuanto nunca con anterioridad se había prohibido la circulación de vehículos de transporte en una carretera de ámbito nacional en un recorrido tan extenso, más aun teniendo en cuenta el carácter estratégico de dicha vía al conectar el tráfico natural de mercancías de todo el Mediterráneo español y el centro de la península con el resto del continente".
Ante dicha decisión, Fenadismer estudiará la adopción de las medidas jurídicas y sociales que estime más convenientes contra la misma, por considerarla una "afrenta" directa al colectivo de los transportistas españoles, más aun teniendo en cuenta las condiciones económicas en que actualmente se encuentra el Sector.
