Con los números actuales -con una reducción de la inversión de casi 500 millones con respecto al año pasado-, se estima que el coste generado por reparaciones o proyección de nuevas vías en diez años alcanzaría los 2.500 millones; en 25 años, los 12.500 millones, y en medio siglo los 62.500 millones de euros. En definitiva, si de ahorrar se trata, el mantenimiento preventivo es la correcta decisión.
La conservación de las carreteras es uno de los gastos públicos más castigados por la política de austeridad que está llevando a cabo el gobierno. Según datos del RACC y la Asociación Española de Carretera (AEC), el gasto en la Red de Carreteras del Estado limitará en 2013 un tercio de su inversión, pasando de los 1.257 millones de 2012 a 818 de este año. Sin embargo, como han demostrado los datos, lejos de suponer un gasto excesivo o innecesario, la inversión en el mantenimiento de las vías representa un gasto muy rentable, ya que su coste puede suponer un 70% de ahorro con respecto a recuperar o levantar una vía desde cero.
Datos aportados
Los números parecen claros: por cada euro que se deja de invertir en conservación, a los diez años se necesitan cinco para reparar o levantar nuevas vías. A los 25 años, la cifra aumenta a 25 euros por cada uno que se deja de invertir, y a los 50 años, son 125 euros por cada euro no gastado en mantenimiento.
Los datos hacen evidente además que una reducción drástica de la inversión no sólo significa perder dinero en el futuro, sino que también puede producir en pocos años un deteriorio notable en el estado del patrimonio de carreteras y vías nacionales. Este envejecimiento de las vías, además de aumentar la siniestralidad, se traduce en la destrucción de uno de los principales puntos de apoyo de la cohesión y de la actividad económica de España, donde el 86% del transporte interior de mercancías se realiza por este tipo de vías y donde nueve de cada diez trayectos de personas son por carreteras.
Sin embargo, Euroconsult destaca que la inversión en conservación no debe ser indiscriminada e irreflexiva, sino que los recursos públicos deben destinarse después de un análisis en produndidad que determina dónde, cuándo y cómo invertir para maximizarlos. Este tipo de conservación preventiva alarga la vida útil de una infraestructura entre 20 y 30 años, por lo que no sólo se evita un mayor desembolso en su reconstrucción, sino que se amortiza también la inversión inicial.
