Durante el encuentro mantenido por Astra y Car se acordó desconvocar el paro previsto para esta semana "con el objeto de evitar perjuicios a la comunidad educativa y a la sociedad asturiana". Aún así, las concesionarias aseguran que durante este mes mantendrán reuniones con el Gobierno regional para consensuar el pliego por el que se regirá el nuevo contrato de Transporte Escolar, que regulará las condiciones de cara al próximo curso educativo. Pero se encuentran frente a un duro neociador. Hace pocos días, el consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre se mostró tajante: "el Gobierno no tiene pensado revisar los contratos que tiene firmados con las empresas de autobuses, es decir, que no aplicará ninguna subida a las tarifas porque se firmó en el 2004 por una vigencia de dos años, prorrogables otros dos. Este curso es el segundo de prórroga, por lo que no abrirán una negociación hasta que no concluya", declaró, al tiempo que aseguró a los padres que, en caso de huelga, "nunca supondrá ningún perjuicio para las familias".
Incremento de costes
La postura de las concesionarias era bien distinta. Las empresas explicaban que desde que firmaron el convenio los costes se han disparado por lo que no pueden hacer frente al servicio con las tarifas fijadas. Ese incremento se corresponde con el nuevo convenio del transporte por carretera, con el precio del gasoil y con las adaptaciones a la nueva normativa de tráfico para el transporte de alumnos. Sin embargo, este último aspecto no es nuevo, ya que la ley es del 2001 y la administración concedió una moratoria hasta septiembre del 2007 para que pudiesen hacer frente a los cambios.
De momento, tras el anuncio de la decisión de Astra y CAR de dar marcha atrás al paro el inicio de curso (ayer empezaron los de primaria y el viernes los de secundaria) todo está tranquilo. Cada día, 16000 alumnos asturianos dependen del transporte que facilita la Consejería de Educación para acudir a los centros educativos.
