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La carta de emplazamiento a España, punto principal de la Junta Directiva de Fenebús

miércoles 09 de octubre de 2013, 01:00h
El presidente de Fenebús, José Luis Pertierra.
El presidente de Fenebús, José Luis Pertierra.

La carta de emplazamiento que envió la Comisión Europea a España el pasado 20 de junio para que justifique el mantenimiento del derecho de preferencia del transporte regular sobre el discrecional y del anterior concesionario sobre el nuevo, así como los plazos otorgados por las comunidades autónomas en las prórrogas de las concesiones fue el punto central de la Junta Directiva que celebró Fenebús el pasado día 1 de octubre.

Jaime Rodríguez, Delegado de la federación en Bruselas, fue el encargado de exponer en qué punto se encuentra la contestación de España, que ha solicitado dos meses de demora para responder a la institución comunitaria.

No obstante, el discurso del presidente Juan Calvo incluyó otros temas como la venta de Avanza al grupo mexicano ADO, una compañía que cuenta con una flota de 6.000 vehículos. También se habló de la celebración del II Foro del Especialista del Transporte de Viajeros en la ciudad china de Sohzou, un encuentro que calificó de positivo. En este punto, recordó que José Luis Pertierra recibió un premio de reconocimiento por la labor realizada durante los últimos años en promover las relaciones entre los países iberoamericanos y el asiático.

Además, habló de la encuesta realizada por la Asociación Española de la Carretera, que pidió la colaboración de los conductores de las empresas operadoras para valorar la situación real de las carreteras españolas. El objetivo de este estudio es conocer cómo afecta la falta de inversión en las infraestructuras.

Se hizo referencia a la celebración de la XXII Semana del Autocar y del Autobús entre el 23 y el 25 de octubre en Zaragoza y la Constitución de CONFEBUS el próximo 21 de noviembre en un acto que tendrá lugar en IFEMA.

Finalmente se comentaron los proyectos normativos en tramitación, como la Ley de Seguridad Vial, que implica una disminución real de la velocidad de autobuses y autocares, con los consiguientes perjuicios económicos que supone. Y la norma para realizar las pruebas de frenado en las ITV, que, en opinión de Fenebús, son quienes tienen la obligación de contar con los medios técnicos y materiales para realizar los controles.