Las conclusiones, alcanzadas tras atender la petición de decisión prejudicial planteada por una empresa catalana, recogen que la legislación española que regulaba este impuesto sería contraria al Derecho Comunitario, explica la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC). Según el propio Abogado General, Nils Wahl, “España parece haber asumido deliberadamente el riesgo de seguir adelante con una legislación controvertida y, en consecuencia, dicha legislación se ha aplicado durante muchos años en perjuicio del consumidor final y del mercado interior”.
Por otro lado, el informe se pronuncia, con ciertas reservas, sobre la aplicación de limitaciones a los posibles efectos que tenga la sentencia respecto a las reclamaciones que puedan realizar los transportistas, señala ASTIC. Este aspecto es clave, ya que sólo se pueden limitar los efectos retroactivos de las sentencias si concurren dos elementos: que tengan repercusiones significativas para un Estado miembro y que exista una duda interpretativa de la normativa actuando de buena fe. Respecto a esto último, según el Abogado General, no existe incertidumbre en cuanto al significado y alcance de las disposiciones, ya que la propia Comisión Europea había avisado previamente a España, iniciando un procedimiento sancionador.
Apoyo de los transportistas
“ASTIC, que apoya sin reservas esta decisión, siempre ha mostrado su convencimiento de la ilegalidad del llamado ‘céntimo sanitario’. De hecho, a través de su empresa de servicios SETIR SLU, puso en marcha un servicio de solicitud de devolución de este impuesto ante las autoridades competentes”, ha señalado la asociación.
Según sus asesores jurídicos, normalmente las posibilidades de que el Tribunal de Justicia Europeo ratifique en su sentencia las conclusiones del Abogado General superan el 80% de los casos. “ASTIC considera que los transportistas españoles han soportado durante un largo periodo un impuesto que otros transportistas europeos no han sufrido, lo que supone un ataque directo a la competencia dentro la UE”.
La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) también ha valorado positivamente el dictamen emitido por Nils Whal. Este dictamen no es vinculante, por lo que deberá ser ratificado por la Corte de Luxemburgo en los próximos meses, aunque conviene recordar que en el 80% de los casos el fallo final suele coincidir con el dictamen previo, ha destacado la CETM.
Si finalmente la sentencia declara ilegal el ‘céntimo sanitario’, España podría estar obligada a devolver los 13.000 millones de euros que ha recaudado con este tributo especial, “tal y como venimos reclamando con insistencia desde el sector del transporte por carretera desde su implantación en el año 2002”, ha subrayado la CETM. Asimismo, la Confederación ha facilitado a todas sus empresas de transporte afiliadas que de forma voluntaria lo han deseado, reclamar la devolución de dicho impuesto, “a nuestro juicio, indebidamente cobrado”.
