“Para ello, fue necesario que los madrileños tuvieran que soportar dos semanas de huelga de los servicios de limpieza y que la alcaldesa de la ciudad, Ana Botella, tuviera que acudir a una empresa pública como TRAGSA para sustituir la labor de aquellos trabajadores designados para la realización de los servicios mínimos asignados”, ha señalado la federación. “Debemos recordar que si el Gobierno tiene realmente la intención de sacar adelante esta ley y es no un mero anuncio de cumplido, es conveniente ponerse a trabajar con toda urgencia, no vaya a suceder que se quede en puertas de su aprobación por unas elecciones anticipadas o por no disponer del tiempo suficiente para su tramitación, como ocurrió en dos anteriores ocasiones con parecidos proyectos de leyes de huelga”.
Fenebús ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de una ley “de huelga” o de “garantía de los servicios esenciales” o de “cumplimiento de servicios mínimos” o una ley que “evite la actuación de piquetes ilegales”. La federación ha reiterado que dicha ley debe hacer “compatibles los derechos de los ciudadanos al trabajo y a disponer de unos servicios esenciales, para lo cual se dictan los servicios mínimos, con el derecho de huelga que tienen los trabajadores”.
“Por ello, recibimos con optimismo y satisfacción el anuncio de un proyecto, de momento solo es un anuncio, de una Ley Servicios Mínimos, cuya eficacia práctica dependerá de su real cumplimiento y sobre todo de las sanciones que se puedan imponer a los infractores para garantizar a todos los ciudadanos sus derechos, a cada uno los suyos”, ha concluido la federación.
