La entrada en vigor casi instantánea que tuvo el pasado mes de diciembre el Real Decreto-Ley, pues entro en vigor ni dos días después de su aprobación, ya ha suscitado reacciones en el sector del transporte de viajeros por carretera. La Federación Nacional Empresarial de Transporte por Carretera (Fenebús) dejó claro ayer en un comunicado su desacuerdo con el contenido del mismo, alertando de las consecuencias negativas que su aplicación tendrá para el sector.
La norma, cuya retirada también ha solicitado la junta directiva de la CEOE, obliga a empresas y trabajadores a cotizar a la Seguridad Social por conceptos de la nómina que hasta ahora estaban exentos, como los plus de transporte, los vales de comida, guardería, seguros médicos o los planes de pensiones.
Decreto injustificado
De acuerdo con Fenebús, el real decreto ley no está justificado "ni en su contenido ni en su urgente aplicación" y constituye "un ataque directo a la autonomía de la negociación colectiva, al imponer nuevos conceptos de cotización sin previa consulta a los destinatarios de la nueva norma", es decir, las organizaciones como Fenebús, que, recuerda la federación, funcionan como interlocutores sociales en representación de empresas y trabajadores.
Como era de esperar, Fenebús ha llamado en especial la atención sobre los efectos adversos que tendrá para el sector la inclusión en la cotización "del plus de transporte y las dietas" y se ha remitido a la antigua Ley General de Bases de la Seguridad Social (modificada por el reciente decreto ley) que "consideraba dichos conceptos en parte no cotizables al tratarse de indemnizaciones por gastos de desplazamiento o manutención durante la jornada laboral.
Para fundamentar más aún su solicitud de retirada de la nueva disposición, Fenebús ha recordado que el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de la CEOE han acordado constituir una Comisión con los demás agentes sociales que valore el impacto económico y social de la nueva norma. Esta nueva disposición "unida al aumento de un 5% de las bases máximas de cotización podría alcanzar un impacto superior a los 2.500 millones de euros, minando la competitividad de las empresas y poniendo en riesgo la incipiente recuperación económica", asegura Fenebús.
