Este principio de acuerdo institucional, según informó la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) en un comunicado, pretende garantizar la financiación del transporte público colectivo en la región de Barcelona, estimular su uso a través de un nuevo modelo tarifario y sanear la deuda acumulada de 546 millones de euros, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
En la reunión también se ha acordado la creación de una mesa social con el objetivo de implicar en las propuestas y políticas de movilidad que se impulsen desde la ATM las entidades y asociaciones de carácter social. Paralelamente, Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y AMB han solicitado formalmente una reunión con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para tratar el papel del Estado en la futura financiación del transporte metropolitano.
Bases del pacto
Las bases de este gran pacto metropolitano por el transporte público serían, según ha avanzado la ATM:
-Redacción de un plan de saneamiento de la deuda existente que recupere el equilibrio entre los ingresos y costes del sistema.
-Aumento de las aportaciones económicas de las administraciones consorciadas durante los próximos tres años y compromiso de incremento a partir de 2017 en función de la ponderación objetiva entre el IPC general y el IPC del transporte para el sostenimiento del sistema.
-Los nuevos servicios que se pongan en marcha en un futuro deberán prever su sostenibilidad a partir de las nuevas aportaciones al sistema que haga la administración que los propone. En este sentido, el acuerdo ya incorpora el aumento de oferta que supondrá la entrada en funcionamiento de la L9 y las prolongaciones de FGC en Terrassa y Sabadell.
-Diseñar nuevas medidas de ahorro para los operadores públicos con el compromiso de reducir el endeudamiento del sistema a corto plazo. Esta medida incluye una cláusula social que garantiza que no habrá despidos.
-Confeccionar un plan de estímulo de la demanda que establezca, a partir de 2015, una mejora del modelo tarifario, con un sistema objetivo de precios, y con la garantía de que las aportaciones de los usuarios vía tarifas nunca serán superiores al 50% del coste total del sistema. Este plan incluye avanzar hacia una nueva fórmula más equitativa del cálculo de las zonas tarifarias y los títulos. Estas actuaciones ya formarían parte del nuevo sistema tarifario de la T-Movilidad que hay que empezar a implantar de forma progresiva a partir del 2015.
-Introducir criterios ambientales que penalicen económicamente el transporte privado y que los ingresos reviertan en el transporte público.
-Mantenimiento de la tarifación social existente, que representa un 22% de los viajes.
Riesgo para el modelo
El sistema integrado de transporte público en la región de Barcelona está en una situación económica difícil debido al volumen del endeudamiento al que ha tenido que recorrer para llevar adelante la prestación del servicio, hasta el punto de que las administraciones consorciadas en la ATM avisan del riesgo para la "continuidad de un modelo de éxito". El origen es una combinación de cuatro causas: el incremento de costes derivado de la extensión de las redes y la mejora de la oferta, la disminución de la demanda a raíz de la menor ocupación y el menor consumo de la población, la utilización creciente de los títulos sociales altamente bonificados (que se ha disparado un 1.000% entre 2008 y 2013) y la "disminución importante de la aportación de la administración general del Estado al sistema". El conjunto del sistema hizo posibles el año pasado 900 millones de viajes en el ámbito territorial de la ATM, un 61,4% de los que se hicieron en las redes de TMB.
