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Astic denuncia la nueva legislación francesa que criminaliza  el descanso del conductor con multas y cárcel

Se ampara en una rebuscada interpretación de regulación europea específica sobre conducción y descanso

miércoles 16 de julio de 2014, 02:00h

Astic denuncia le nueva ley que se ha aprobado en Francia, que criminaliza a los empresarios por permitir que sus conductores realicen el descanso semanal en sus camiones. Esta nueva norma multará con 30.000 euros y un año de cárcel a aquellos empresarios que no faciliten un lugar para este descanso de 45 horas.

Además, el texto incluye otra penalización igual para las empresas que basen la remuneración del conductor en función del volumen de mercancías transportadas o por la distancia recorrida.

Ataque a la rentabilidad 

Para la asociación, esta norma supone un ataque directo a la rentabilidad del sector del transporte internacional por carretera, ya que deja ociosas importantes inversiones realizadas en los vehículos precisamente enfocadas al mayor confort de los conductores, también en sus horas de descanso, obligará a gastos adicionales de alojamiento, entorpecerá el normal desarrollo de las rutas al no disponerse de suficientes lugares habilitados a lo largo de las carreteras para parada de camiones y descanso de sus conductores, etc.

Astic ha hecho saber su preocupación y su protesta sobre cómo los diferentes miembros de la Unión Europea legislan sin tener en cuenta al resto de estados miembro. Es el caso de la tasa para camiones extranjeros que ya funciona en Reino Unido y que pretende imponer también Alemania, o esta nueva legislación de Francia, aprobada hace unas semanas en términos similares también en Bélgica.

Para Marcos Basante, presidente de Astic, "este tipo de normas proteccionistas no hacen más que atacar a la unidad de mercado y la libre competencia europeas, algo fundamental si se quiere tener realmente una unión comercial en Europa".

"Desde Astic vamos a seguir denunciando este tipo de legislación ante las instancias europeas, ya hemos expresado nuestra preocupación a la IRU, y ante las autoridades españolas que, al fin y al cabo, son las que deben velar por los intereses nuestros transportistas", señala Basante.