Conepa señala que dicha anulación supone una práctica cada día más demandada por los propios usuarios cuando llega el momento de sustituir el citado componente. La federación recuerda que las actuales normas anticontaminación obligan a los fabricantes a equipar a los vehículos con complejos equipos de escape, especialmente en los vehículos diésel, con el fin dereducir las emisiones contaminantes de los mismos.
El problema surge, señala la federación, “cuando alguno de los elementos del sistema, como es el caso del filtro de partículas, tiene que ser sustituido por haber alcanzado su ciclo de vida útil. El usuario descubre que el importe de estas reparaciones puede alcanzar cifras que superan los 1.000 euros, en función del modelo adquirido”.
En algunos casos, continúa la federación, “también conoce que en el mercado existe otra alternativa, que no es tampoco especialmente económica, pero que induce a pensar que solucionará el problema definitivamente: Se trata de la supresión del filtro de partículas, operación que requiere el vaciado del interior de este filtro y la anulación de éste en el software del vehículo para evitar la detección de averías por funcionamiento anómalo”. Es frecuente, además, que al usuario que se interesa por ello, a través de internet sobre todo, se le informe de mejoras en las prestaciones del vehículo, incluso de la reducción en el consumo de combustible, lo que no le dejará indiferente, pues, aparentemente, supone una ventaja adicional para su economía.
Conepa recuerda que esta alternativa no es legal y pueda ocasionar problemas importantes a quien se decida por ella:
-Los fabricantes de vehículos montan dichos dispositivos porque así se lo exige la normativa europea de protección del medio ambiente (las distintas normas EURO, de aplicación según el año de fabricación del coche).
-Cualquier vehículo que haya sufrido este tipo de modificación podrá ser rechazado por la ITV en el momento en que las emisiones se controlen de acuerdo a la norma EURO que le corresponda. Asimismo, el coche podría ser sancionado por los agentes medioambientales.
Si el vehículo fuera rechazado en la ITV por la manipulación de los sistemas anticontaminantes, el responsable del vehículo se vería obligado a restituir el sistema de escape original de escape y la correspondiente reprogramación de la unidad de control del coche. “Como asesores de los automovilistas, aconsejamos a los talleres que den una adecuada información a sus clientes para evitarles problemas y para mentalizarles de la obligación legal y el beneficio social de respetar el entorno”, señala Víctor Rivera, secretario general de Conepa.
