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LEY MACRON

Francia concede un plazo de tres semanas para que los transportistas se adapten a la Ley Macron.
Francia concede un plazo de tres semanas para que los transportistas se adapten a la Ley Macron.

Francia aplaza la aplicación de la Ley Macron

Los vehículos de transporte que transiten por Francia deberán llevar a bordo el ‘certificado de desplazamiento’

lunes 11 de julio de 2016, 07:00h

El Ministerio de Trabajo de París ha dado un plazo de tres semanas, hasta el 22 de julio de 2016, para que los empresarios del sector transporte que tengan trabajadores desplazados en Francia se adapten a los requisitos contemplados en el Decreto francés nº 2016-418 de 7 de abril de 2016 (Ley Macron). En ese tiempo, la labor de los agentes de control franceses será meramente informativa.

En este sentido, el Ministerio de Trabajo francés ha comenzado a resolver algunas dudas sobre la aplicación de la nueva regulación, aunque las cuestiones de mayor importancia siguen sin ser resueltas, ha señalado Fenadismer. Así, en lo que se refiere a la obligación de conservación de toda la documentación laboral de la empresa transportista por parte de su representante legal en Francia, el Ministerio de Trabajo recomienda que se conserven en territorio francés, o en caso contrario que sean accesibles sin demora, admitiéndose la versión electrónica. Asimismo, en caso de fallo del representante, (fallecimiento, baja, etc.) la empresa deberá organizar la continuidad de la función, designando a un nuevo representante.

Por el contrario, explica la federación, el Ministerio francés aún no ha establecido criterio en relación a qué tipos de transportes internacionales podrían quedar excluidos de la nueva regulación, en función del origen del cliente o del carácter multimodal del servicio, ni tampoco sobre la forma en que se llevará a cabo el cálculo del salario del conductor durante su estancia en Francia a efectos de acreditar el cumplimiento del salario mínimo francés.

Documentación a bordo

Los vehículos de transporte que transiten por Francia (furgonetas, camiones y autobuses) deberán llevar siempre a bordo del vehículo el denominado “certificado de desplazamiento”, redactado en francés, en el que figuran los datos de la empresa transportista, del conductor y su retribución salarial, así como una copia del contrato de trabajo. Además, la empresa transportista deberá designar obligatoriamente en el referido certificado al representante legal que actuará en su nombre en Francia ante las autoridades de control. Cabe recordar que la no designación del representante se sancionará con multa de 2.000 euros, que en caso de reincidencia se incrementará a 4.000 euros.

El Ministerio francés aún no ha definido qué tipos de transportes internacionales podrían quedar excluidos de la nueva regulación

Para dar cumplimiento a dicha obligación legal, Fenadismer ha puesto a disposición de todos sus asociados el servicio de representante legal en Francia a través de su servicio de asistencia internacional. De este modo por tan sólo 18 euros al año todos los transportistas disfrutaran de un servicio de asistencia jurídica 24 horas los 365 días en cualquier país europeo, así como el servicio de representación legal en Francia para la custodia de toda la documentación laboral exigida por la nueva regulación francesa.

Reacciones

Astic ha reaccionado positivamente ante el comunicado del ministerio de Trabajo francés de aplazar la aplicación de la Ley Macron. La asociación resalta la presión ejercida por las suma de diferentes asociaciones del transporte europeas, entre ellas la propia patronal española, el Ministerio de Fomento y La Comisión Europea que envió el pasado 16 de junio una carta de emplazamiento a Francia, lo que constituye el primer paso para el procedimiento de infracción, y que han llevado a que Francia haya decidido aplazar la entrada en vigor de una ley injusta, discriminatoria y proteccionista.

“Astic pide máxima agilidad a las instituciones en la lucha contra la ley, ya que la inseguridad jurídica actual está impidiendo el normal flujo de tránsito de personas y mercancías a través de los Estados miembro y solicita su adaptación a la Directiva europea”, señalan desde la asociación. “La aplicación del salario mínimo para determinadas operaciones de transporte internacional no puede justificarse, ya que crea barreras administrativas y burocráticas desproporcionadas, que impiden que el mercado interno funcione correctamente. Astic solicita la creación de una legislación clara para todos los Estados de la Unión Europea que permita la libre circulación de bienes y servicios”.