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Congeladas las tarifas del transporte público del año 2017 en Barcelona

Ya son tres años consecutivos en los que la Generalitat ha cumplido con esta medida

miércoles 14 de diciembre de 2016, 07:00h
Reunión de las autoridades de la Generalitat
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Reunión de las autoridades de la Generalitat
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el consejero de Territorio y Sostenibilidad y presidente del ATM, Josep Rull, la alcaldesa de Barcelona y presidenta del AMB, Ada Colau, y el vicepresidente de Movilidad y Transporte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, se encontraron el pasado 12 de diciembre, en la reunión de trabajo de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) para hablar sobre la financiación del transporte público y las tarifas del 2017.

Según los acuerdos de la sesión de trabajo, que ha tenido lugar en el Palau de la Generalitat, las tres administraciones –Generalitat de Catalunya, Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Ayuntamiento de Barcelona– propondrán, por tercer año consecutivo, la congelación de las tarifas del transporte público de cara al año próximo.

Durante el encuentro se ha acordado también varias cuestiones básicas para la movilidad obligada. Una de ellas hace referencia a la T-12, que se alarga un año más (actualmente es hasta los 15 años) y pasa a convertirse en la T-16. Con esta ampliación, el título para niños y jóvenes cubrirá la gratuidad del transporte público durante toda la escolaridad obligatoria, hasta los 16 años.

También se prevé la creación de un título ambiental integrado, la T-Episodio Ambiental, para utilizar los días con episodios de contaminación atmosférica. Este nuevo título, de carácter individual, incluirá dos viajes (ida/vuelta) y tendrá un coste de 1,80 €.

Entre las propuestas y compromisos acordados por las tres administraciones, también se ha previsto la mejora de la accesibilidad del abono bonificado para parados

Finalmente, entre las propuestas y compromisos acordados por las tres administraciones, también se ha previsto la mejora de la accesibilidad del abono bonificado para parados, el título para las personas en situación de paro que cobran prestaciones por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). Este título tendrá el coste de una T-10 y funcionará y dará el mismo servicio que la T-Mes.

Estas medidas supondrán un déficit de 20 millones de euros en la financiación del sistema que no repercutirá en el ciudadano. Generalitat, Ayuntamiento de Barcelona y AMB han acordado asumir la mitad de este déficit previsto para el año próximo (51%, 25% y 24%, respectivamente). El otro 50% quedaría cubierto si el Estado acepta el incremento de 10 millones que le reclaman las tres administraciones catalanas.

Disminución de la inversión del Estado desde el 2008

La evolución de la financiación del transporte público de la Región Metropolitana de Barcelona evidencia una clara disminución de los recursos aportados por el Estado desde el 2008, en contraposición a la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB, que han incrementado su inversión año tras año. Concretamente, el Estado ha pasado de aportar 173,5 millones el 2008 a 98 millones el 2016.

Poveda, junto con los otros representantes de las instituciones catalanas, ha recordado esta disminución progresiva de las aportaciones del Estado. "Reclamamos a la administración general del estado que recupere las cantidades recortadas en los últimos años, que nos ha obligado a refinanciar el transporte público. Pedimos su implicación en la financiación y gestión del transporte público en el área metropolitana de Barcelona", ha expuesto el vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB. En este sentido, Poveda también ha recordado que es a la metrópolis donde se producen más del 80% de desplazamientos de Cataluña.

Poveda ha reclamado de nuevo al Gobierno Central una ley estatal de financiación del transporte público como tienen otros muchos países de Europa. Esta solución tendría que permitir blindar y estabilizar las aportaciones del Estado, por el desarrollo social y económico. “El transporte público es un factor de cohesión social y es un derecho básico de la ciudadanía para desarrollar sus actividades”, ha añadido el vicepresidente de Movilidad y Transporte del AMB. “Paralelamente, el transporte público es clave para la sostenibilidad medioambiental de la metrópolis y en los años futuros se tienen que incrementar las inversiones y las dotaciones para esta lucha contra la contaminación”, ha destacado Poveda.