Este es el mensaje que lanzó ayer a la institución el Defensor del Pueblo Europeo, como resultado de una reclamación de un ciudadano residente en la capital catalana que asegura que el proyecto provocaría graves daños medioambientales a la Sagrada Familia. El BEI ha bloqueado su financiación hasta que decida qué hacer.
El trayecto Madrid-Barcelona-Perpignan-Montpellier fue considerado como uno de los proyectos "prioritarios" de la red transeuropea -destinada a revitalizar el ferrocarril y reducir el tráfico en la UE-. En España conecta Madrid con la frontera francesa, pasando por Barcelona.
El proyecto actualmente en marcha está financiado con los Fondos Europeos de Cohesión, las autoridades españolas y el BEI -que aporta la cuarta parte del coste total, es decir, 2.500 millones de euros-. Sin embargo, esta última institución deberá decidir si entrega el montante, después de que el Defensor del Pueblo Europeo le haya recomendado que, antes de hacerlo, estudie el impacto medioambiental que supondría su puesta en marcha.
La recomendación es el resultado de una reclamación presentada en enero de 2006 por un residente catalán a Nikiforos Diamandourus, Defensor del Pueblo Europeo. Según el ciudadano, la construcción del proyecto podría originar "graves daños ambientales" a construcciones colindantes privadas y públicas, como la "Sagrada Familia" de Gaudí. Así, ha criticado a las autoridades españolas por no haber evaluado el impacto medioambiental del proyecto y por no haber estudiado rutas alternativas.
El BEI ha argumentado que dio su visto bueno a la financiación basándose en un informe elaborado por las autoridades españolas. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no ha encontrado este documento en sus investigaciones. Por tanto, ha pedido al BEI que realice una evaluación del impacto medioambiental antes de conceder su ayuda financiera al proyecto. Ahora, el BEI deberá responder si seguirá las instrucciones de Ombudsman antes del 30 de septiembre.
José Martínez-Aragón, jurista principal de la recomendación, ha señalado en declaraciones a Aquí Europa, que si el BEI sigue la petición del Defensor del Pueblo, se cerraría el caso. De lo contrario, el BEI deberá presentar las razones que le impulsan a no escuchar a Diamandourus. El documento sería examinado por el Defensor del Pueblo que, en caso de no estar de acuerdo, presentaría un informe al Parlamento Europeo con el fin de que éste tomara las medidas oportunas.
