La mesa redonda que abordó el asunto comenzó con la intervención de Luis de Grandes (eurodiputado del PPE), quien declaró que “ante la apertura total que propone la Comisión, creo que no se puede imponer uniformidad a los Estados miembros, sobre todo cuando sus modelos funcionan”. Apuntó que se quieren liberalizar todos los servicios por encima de 100 km de recorrido, y que por debajo de esa cota, también “previa autorización de la autoridad competente”, ante lo que apuntó que “estamos ante una discriminación, porque hay países como España que tienen rutas muy largas, y otros en Centroeuropa que no alcanzan esas cifras”. Por todo ello, “defiendo la posición de España, que vería su sistema menoscabado por otro que no aporta valor, y que supondría 500 millones de euros a las arcas estatales en materia de compensación de las obligaciones de servicio público (OSP)”, recalcó De Grandes.
Librero: 'Nuestro modelo se basa en transparencia, competitividad y eficiencia, y no vamos a renunciar a él'
Peter Kouroumbashev, eurodiputado búlgaro del S&D, defendió la postura (muy aplaudida) de los países del Este durante el Seminario, mostrando su perplejidad ante la “falta de coherencia de las políticas de la Comisión, que quieren limitar el cabotaje en mercancías y liberalizarlo en viajeros, con distintas consideraciones incluso para los conductores desplazados”. También señaló sus dudas hacia los beneficios de la liberalización, que podrían ser contrarios en caso de acabar en un monopolio.
La secretaria general de Transporte, Carmen Librero, ha señalado que “los objetivos del Ministerio de Fomento son la conectividad y la cohesión de nuestro territorio y de nuestros ciudadanos, bases sobre las que se asienta el modelo de transporte de viajeros por carretera. Y no vamos a renunciar a ello. Nuestro modelo, muy permeable, se basa en tres pilares: transparencia, competitividad y eficiencia”. Librero afirmó que, además, “los propios usuarios reconocen que es un modelo de éxito, que combina los tráficos rentables con los que no lo son”. Pidió que se preserve este modelo, “al que puede concurrir cualquier empresa europea”.
Por su parte, el director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral, mostró la “profunda preocupación” del Ministerio de Fomento por la propuesta presentada por la Comisión Europea. Hizo hincapié en que el éxito del modelo está en la combinación de los tráficos rentables y no rentables, pues los primeros son los que soportan el modelo y permiten que España tenga unas tarifas muy competitivas y un servicio de calidad. La competencia por el mercado es evidente: “En los últimos concursos, hemos tenido una media de cinco propuestas, llegando incluso a 17 en algún pliego concreto, con unas tarifas medias de 6,6 céntimos/km, una mejora del 40% de las frecuencias y un descenso medio de las tarifas del 26% respecto a las adjudicaciones anteriores”.
El Sector
Rafael Barbadillo, presidente de Confebus, aseguró que la normativa propuesta por la Comisión “vulnera los principios de subsidiariedad, proporcionalidad y no discriminación entre Estados Miembros reconocidos por el Derecho de la Unión Europea. Invade las competencias nacionales y es incompatible con el Derecho comunitario para Servicios de Interés Económico General (SIEG) y OSP. Además, socava los principios que sustentan el sistema español de transporte público de viajeros. Es difícil justificar por qué un sistema que funciona, garantizando la movilidad ciudadana, incluso en circunstancias menos favorables a precios y en condiciones de calidad y seguridad más que aceptable, haya de ser modificado; máxime si no entraña elemento de discriminación alguno en relación a las empresas que pueden concurrir a la adjudicación del contrato”, concluyó.
