El pasado 30 de noviembre, finalizó el periodo concesional de la
Autopista AP-1 entre Burgos-Armiñón, de 84 kilómetros de longitud. De este modo, la autopista ha revertido a la Administración General del Estado y
ha pasado a ser libre de peaje, es decir, de uso gratuito para los usuarios,
desde este 1 de diciembre, quedando su gestión y conservación a cargo del Ministerio de Fomento.
El compromiso del Gobierno consiste en que las concesiones, cuyo plazo acaba en esta legislatura, no se van a prorrogar ni se van a volver a licitar. Las gestiones de las infraestructuras pasarán a manos de la Administración y dejarán de gestionarlas concesionarias privadas. Asimismo, se levantarán los peajes a medida que venzan las concesiones, como ya ha sucedido en la AP-1, y como está previsto que suceda en la AP-7 Tarragona-Alicante y en la AP-4 de Sevilla-Cádiz a partir del 31 de diciembre del próximo año.
Por primera vez, un Gobierno de España da el paso y decide levantar los peajes al final del plazo de una concesión
La concesión para la construcción, conservación y explotación de la autopista AP-1 fue adjudicada en 1974, por lo que hoy supone una fecha importante para esta infraestructura al haber finalizado, después de sucesivas prórrogas, 44 años de concesión, en los que los usuarios se han visto obligados al pago de un peaje por la utilización de la misma.
Además, es una fecha importante porque por primera vez un Gobierno de España, da el paso y decide levantar los peajes al final del plazo de una concesión.
Asiimismo, con la finalización del periodo concesional, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que queda traspasada a la Comunidad Autónoma del País Vasco la titularidad de la Autopista AP-1, libre de peaje en sus últimos seis kilómetros entre el límite entre las provincias de Burgos y Álava, en el punto kilométrico 77+200, y el final de la autopista en el enlace siete de Armiñón, en el punto kilométrico 83+200.
Esta decisión va en paralelo con el Real Decreto aprobado también por el Consejo de Ministros que modifica el catálogo de la Red de Carreteras del Estado donde se refleja la efectividad de dicha transferencia.