El parque de camiones es de 255.000 y el de autobuses de 42.000. El empleo generado entre las dos actividades es de 1.070.000 trabajadores
Por su parte, Rafael Barbadillo, trasladó a Su Majestad el Rey la importancia estratégica creciente del Transporte por carretera, no sólo por contribuir a la mejora de la competitividad de nuestro país, sino por apoyar el desarrollo de la actividad en otros sectores como la industria, el comercio y el turismo. Un sector compuesto por 59.200 empresas de transporte de mercancías y 3.150 de transporte de viajeros, la mayoría de ellas pymes. Siendo el parque de camiones de 255.000 y el de autobuses de 42.000. El empleo generado entre las dos actividades es de 1.070.000 trabajadores.
Además, le reveló cómo la actual crisis generada por el Covid-19 ha provocado una drástica caída de la demanda de movilidad de mercancías y de viajeros, como consecuencia del decreto del estado de alarma. Ambas actividades han continuado prestando servicios para garantizar el acceso para, por un lado, proveer de equipos médicos, medicamentos, alimentos, combustible, entre otros, y por otro, para permitir que las personas que tienen que desplazarse, principalmente por motivos laborales (personal sanitario, supermercados, policías…), lo hayan podido hacer con una oferta de transporte suficiente.
Sin embargo, son muchas las subactividades que se han paralizado, como los portavehículos, el transporte de componentes industriales, o todos los servicios relacionados con el transporte turístico y de escolares, lo que ha provocado que muchas empresas hayan tenido que cerrar temporalmente, acudiendo para ello, a los expedientes de regulación de empleo temporal. Por otro lado, el presidente del Consejo del Transporte y la Logística de CEOE puso de manifiesto que, a pesar del cierre de temporal, hay muchos costes fijos en los que las empresas siguen incurriendo como los seguros, el leasing de los vehículos, las cotizaciones a Seguridad Social de los Ertes, los impuestos, lo que está provocando una crisis de liquidez en gran parte del Sector.
En cuanto al transporte público de viajeros, le explicó a Su Majestad el Rey que éste debe seguir cumpliendo servicios mínimos de operaciones de transporte, ofreciendo niveles de oferta muy superiores a la demanda para garantizar la movilidad de las personas que necesitan acudir a trabajar en las actividades esenciales. Dichos niveles de oferta son establecidos por las administraciones competentes. Pero la drástica caída de la demanda del transporte público alcanza cotas del 90%, lo que supone unas cifras insostenibles a corto plazo. Este impacto se produce en un momento en el que a los costes fijos hay que sumar la inversión adicional que impone la gestión de la crisis para preservar la salud tanto de trabajadores como de usuarios.
Asimismo, las medidas adoptadas por las crisis del Coronavirus se han traducido en una inversión extra para preservar el distanciamiento social en infraestructuras y vehículos (limitada a un tercio de la ocupación) o la desinfección y limpieza extra de los vehículos de forma diaria. Finalmente, el presidente de Confebus, destacó la necesidad de preservar el tejido productivo de la movilidad para que, una vez superada la crisis y levantadas las restricciones a la movilidad, las empresas tengan la capacidad de poder ofrecer los niveles necesarios para atender la demanda de movilidad de las personas y mercancías, como condición básica de su calidad de vida y para sus necesidades cotidianas, así como para acceder a servicios públicos básicos y a otros de carácter esencial.
Medidas específicas para el transporte público
En este sentido,
Rafael Barbadillo hizo hincapié en como, hasta la fecha, no se ha aprobado ninguna normativa que contenga medidas específicas para el transporte público, aun cuando las actuaciones establecidas han afectado gravemente a estos servicios y colocan en riesgo la viabilidad de sus operaciones. Por ello, resulta necesario establecer medidas compensatorias, como un fondo de contingencia para el transporte, para paliar los efectos desfavorables provocados, garantizar la prestación de servicios y preservar el sistema de transporte público en nuestro país.
