Mitma avanza en Ley Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Urbano

El espíritu de esta ley es considerar la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico

Al respecto y ante la complejidad de los retos que se plantean en el ámbito de la movilidad y los transportes, Mitma considera muy importante entablar un verdadero diálogo con todos los actores del ecosistema de la movilidad para garantizar el éxito de este proyecto normativo. Se trata de un proyecto muy ambicioso en cuanto a su contenido, de carácter transversal y con impacto directo en el resto de políticas de carácter económico, social y ambiental. Durante este proceso todos los ciudadanos, entidades, administraciones y colectivos interesados podrán realizar sus aportaciones en este enlace: https://www.mitma.es/el-ministerio/participacion-publica/formulario-de-consulta-publica-previa-la-ley-de-movilidad. La nueva Ley prevé abarcar los siguientes ámbitos:

• Fiscalidad del transporte
• Financiación del transporte urbano y otras subvenciones y ayudas al transporte
• Planificación y financiación de las infraestructuras de transporte
• Regulación para el fomento de la movilidad sostenible
• Regulación en materia de sensibilización y formación en movilidad sostenible
• Investigación e innovación en transporte y movilidad
• Regulación de la logística y distribución urbana de mercancías
• Digitalización y automatización del transporte y datos abiertos
• Mejora de la competitividad del transporte y otras medidas sectoriales
• Instrumentos para la gobernanza y participación pública

No obstante, el ámbito de participación no estará acotado a estos temas, pudiéndose remitir aportaciones sobre cualquier otro aspecto relacionado con la movilidad que sea susceptible de abordarse en la nueva ley.

La movilidad es un derecho

El espíritu de esta ley es considerar la movilidad como un derecho, un elemento de cohesión social y de crecimiento económico. Ello implica dar respuesta a los retos ambientales, tecnológicos, demográficos y urbanos que enfrenta nuestro país, colocando al ciudadano y a la movilidad cotidiana en el centro de las decisiones.

Entre los distintos objetivos a alcanzar por la futura norma, destacan: avanzar hacia una fiscalidad verde en el transporte; establecer un sistema de financiación del transporte público basado en criterios estables, predecibles y proporcionales; desarrollar un modelo de gobernanza que permita un diseño coherente de las políticas de movilidad; impulsar la innovación y digitalización en el transporte y la logística; y, en definitiva, avanzar hacia un modelo de transporte y movilidad sostenible como factor clave para el futuro de nuestro país. La consulta pública previa estará disponible hasta el 30 de octubre, muestra de la firme voluntad de establecer un verdadero canal de comunicación a través de la participación pública, logrando así una norma que cumpla con las aspiraciones y las necesidades reales de la sociedad en materia de movilidad.