Atuc confía en que la futura ley tenga en cuenta la necesidad de impulsar un cambio modal hacia los medios de transporte público colectivos
Atuc considera primordial situar la financiación del transporte urbano y metropolitano como un eje central de la futura Ley, siendo nuestro país el único en Europa que no cuenta con este instrumento jurídico, algo absolutamente básico, teniendo en cuenta que este sector da cobertura a más de 4.000 millones de desplazamientos al año y que actúa como uno de los motores económicos del país. Por ello, valora el interés del Ejecutivo por colocar a la movilidad como uno de los vértices clave de la legislatura y reitera la necesidad del Sector de cerrar el plan de ayudas que mitigue las consecuencias de la crisis ocasionada por el Covid-19 al transporte urbano.
La asociación confía, además, en que esta futura ley tenga en cuenta la necesidad de impulsar un cambio modal hacia los medios de transporte público colectivos y otros modos complementarios de movilidad sostenible, elementos imprescindibles en la lucha contra la contaminación en nuestras ciudades y para conseguir una mejor gestión del espacio público, unos aspectos que inciden directamente en la salud y la calidad de vida.
En este sentido, Atuc espera que esta ley haga hincapié en la descarbonización de la movilidad, así como los retos tecnológicos, demográficos y urbanos del Sector. Tal y como ha trasladado el Gobierno en reiteradas ocasiones, la puesta en marcha de esta Ley debe reconocer a la movilidad como un derecho universal, y al transporte público como un elemento de cohesión social y de crecimiento económico.
Declaraciones
Para
Miguel Ruiz, presidente de Atuc, “
la puesta en marcha por parte del Gobierno de una Ley de Movilidad pone de manifiesto la necesidad de establecer unas líneas clave en materia de movilidad y dote de estabilidad y previsión a la financiación del transporte público en España, donde las aportaciones públicas son hoy en día muy heterogéneas y no obedecen a criterios objetivos de reparto. De ahí la necesidad de establecer unas directrices para determinar la concesión de ayudas públicas y qué administraciones deben tomar parte, evitando posibles situaciones injustas.”
