La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio adelantará unas partidas extraordinarias a los concesionarios de transporte por carretera por las pérdidas originadas durante el estado de alarma. El decreto ley de medidas extraordinarias recoge el abono de estas cantidades para tratar de contrarrestar el impacto por la crisis sanitaria del Covid-19 en este servicio de transporte.
La primera cuantía, que se estima en alrededor 17 millones de euros, atiende al desequilibrio económico de estos operadores durante los meses de marzo, abril y mayo, con caídas de la demanda de hasta el 95%, y se realiza mientras se espera que se concreten las ayudas anunciadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para el Sector del transporte y ante la urgencia existente por el precario estado de las cuentas de los concesionarios, algunos de los cuales se han planteado abandonar la prestación del servicio debido a su delicada situación económica. Además, el decreto ley recoge un segundo tramo de compensación desde el 1 de junio hasta el 31 de octubre de 2020.
El Gobierno andaluz ha reconocido que el servicio del transporte público por carretera es uno de los más afectados por la crisis sanitaria del Covid-19, ya que, durante más de tres meses, debido al confinamiento, se restringieron los desplazamientos sólo a servicios esenciales.
No se ha recuperado la demanda previa a los meses de confinamiento
Las limitaciones de movilidad que se decretaron por el mando único durante el estado de alarma supusieron un brusco y generalizado descenso de viajeros, llegando en muchos servicios hasta el 95%. Actualmente, todavía no se ha recuperado la demanda previa a los meses de confinamiento. Pese a ello, los concesionarios de transporte siempre han ofrecido una oferta por encima de la demanda.
Las condiciones en las que se venían prestando los servicios han conllevado un incremento extraordinario del déficit de explotación que justifica el establecimiento de una compensación económica extraordinaria de los contratos de concesión de servicios de transporte público regular de viajeros de uso general por carretera.
El Real decreto ley 22/2020, de 16 de junio, autorizó del Fondo Covid-19 un crédito extraordinario a las comunidades autónomas de 272 millones de euros para los servicios regulares permanentes de uso general de viajeros interurbanos por carretera, dentro de su ámbito competencial. No obstante, ese mismo Real decreto ley recuerda que ese reparto territorial se realizará tras la publicación de la correspondiente Orden ministerial, en diciembre de 2020.
La situación del sector, con numerosas pérdidas acumuladas, podría dar lugar al abandono por parte de muchos concesionarios de este servicio básico. Por ello, dada la previsión de déficit estimada, se considera de imperiosa necesidad acordar el pago de los meses de estado de alarma, para lo cual es necesario realizar una modificación presupuestaria de transferencia de crédito procedente del Fondo de emergencia social y económica por un importe estimado de unos 17 millones, para dotar de liquidez a los concesionarios para garantizar el mantenimiento del servicio.
La compensación económica se cuantificará a través de un cálculo entre los ingresos teóricos y los ingresos reales, donde se tendrá en cuenta no sólo los costes fijos y kilómetros recorridos, sino también los costes de limpieza y desinfección.
1.000 rutas con 1.500 buses
En Andalucía existen 122 contratos de concesión, con 80 operadores de transporte que ofrecen más de 1.000 rutas con unos 1.500 autobuses, y 7.000 puntos de subida/bajada de viajeros (estaciones, apeaderos y marquesinas). Con este sistema concesional, se ofrece un servicio de transporte público regular de viajeros por carretera a los 8,6 millones de andaluces, movilizando unos 70 millones de viajeros al año, sin que esto suponga coste alguno para la Administración.
