El artículo 5 de este RDL, se habilitaba un crédito extraordinario en los presupuestos generales del Estado para compensar el déficit extraordinario de los servicios de transporte de titularidad de las entidades locales, por importe inicial de 275 millones de euros (ampliable hasta 400 millones), para compensar el déficit extraordinario de aquellas, como consecuencia de la crisis del Covid-19, producido durante el período de vigencia del estado de alarma y hasta el final del año 2020, y que se distribuiría en función de los ingresos por tarifa correspondientes a esos servicios para el año 2018.
La votación negativa de la semana pasada obliga a iniciar un nuevo proceso para que se aprueben las ayudas al urbano
El gozo, en un pozo
Esta decisión fue muy bien acogida por el Sector, que varios meses después, vio plasmada en una normativa su constante reivindicación de ayudas económicas al transporte urbano, el cual ha dado un servicio excelente durante todos los meses de pandemia, demostrando de nuevo su compromiso con la sociedad a pesar de incurrir en evidentes pérdidas económicas.
Pero, por desgracia, la votación del pasado día 10, que se publicó al día siguiente en el BOE en forma de Resolución, deroga esas ayudas y supone que el fondo de financiación del transporte urbano tenga que volver a ser regulado “con urgencia, ya que la situación de las empresas que prestan estos servicios urbanos es insostenible y es necesario poder garantizar la continuidad en la prestación del servicio, que, de continuar así, podría verse comprometido”, apuntan desde Confebus.
