La huelga, convocada hace varios días por los sindicatos UGT, CC. OO. y CIG, se está realizando con la oposición de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), y de la Asociación de Transportes Frigoríficos de Pontevedra y de la Asociación Provincial de Transporte Discrecional de Mercancías de Pontevedra, quienes calificaron el paro de "precipitado e inoportuno". Ambas partes se encontraban negociando el convenio del sector, sin lograr llegar a un acuerdo.
Se espera que la huelga se prolongue hasta mañana, si bien los sindicatos han advertido que podría ser indefinida desde el próximo 5 de mayo, si antes no alcanzan un acuerdo. La patronal considera que no es viable negociar mientras se está celebrando la huelga y ha rechazado esta medida como elemento de presión. Los sindicatos, por su parte, reclaman que los empresarios solo están dispuestos a negociar la subida salarial del IPC, mientras que ellos piden -de forma "irrenunciable"- un aumento lineal de 300 euros, dados los bajos salarios establecidos en el Convenio Provincial del Transporte de Pontevedra.
Reacciones
Ante la declaración de huelga presentada por las centrales sindicales, la Asociación Provincial de Transporte Discrecional de Mercancías de Pontevedra (Asetranspo), organización perteneciente a la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha emitido un comunicado, en el que declara lo siguiente:
- Que los empresarios han mantenido la voluntad de diálogo, "no correspondido por los sindicatos, que tras una sola reunión han declarado una huelga en el sector".
- Que ante la Autoridad Laboral, los representantes empresariales "plantearon una oferta importante sobre los ocho puntos esenciales de la Plataforma Sindical".
- Que la Plataforma "de mínimos" exigida supondría un aumento de los costes salariales "superior al 48%".
- Que la situación de crisis generalizada, acentuada por los precios del combustible, "pone en serio peligro la supervivencia de las empresas y de los puestos de trabajo, lo cual implica una enorme falta de responsabilidad por parte de las centrales sindicales".
- Que se "exige a las autoridades competentes la garantía del libre ejercicio del derecho al trabajo y el cumplimiento de los servicios mínimos" para la comunidad.
- Que el empresariado se siente preocupado por "la imagen de conflicto que se traslada a la sociedad".
