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    28 de mayo de 2020

Experiencia del Sector, en la tramitación de los ERTEs

Según Fenadismer, la Comunidad de Madrid, tiene pendiente aún de resolver casi un 15% de las solicitudes presentadas

A fin de evitar la destrucción masiva de empleo en el Sector del transporte por carretera, el único instrumento alternativo que ha permitido a las empresas mantener los actuales puestos de trabajo es la figura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los famosos ERTEs, que en la mayoría de las empresas de transporte se han tramitado en su modalidad de fuerza mayor debido a la causa extraordinaria motivada por la crisis sanitaria por el Covid-19.
Desde el inicio de la crisis, Fenadismer ha venido solicitando públicamente a las Administraciones Públicas competentes en la tramitación y aprobación de los ERTES (en la mayoría de las solicitudes corresponde a las Comunidades Autónomas por residir en dicho ámbito territorial el centro de trabajo ) que fueran admitidos por fuerza mayor los expedientes de regulación de empleo de todas aquellas empresas de transporte que por desarrollar su actividad para empresas no vinculadas a las actividades esenciales han permanecido inactivas durante las últimas semanas.

Experiencias por comunidades

Fenadismer, en colaboración con sus asociaciones territoriales, ha llevado a cabo un análisis sobre la situación de tramitación de los expedientes de regulación de empleo de los trabajadores asalariados de sus autónomos y empresas asociadas. Cabe resaltar como más destacado la gran tipología de empresas transportistas que se han acogido a los ERTE, dada la enorme heterogeneidad de su actividades de las empresas de transporte por carretera en función de su especialidad, tanto respecto de la tipología de sus vehículos y el destino al que sirven ( camiones cisterna, botelleros, furgonetas de reparto, vehículos de obra, grúas de auxilio en carretera y transporte discrecional en autobús, entre otros), así como por su especialidad respecto al tipo de cargadores o proveedores en las que están especializadas cada una de ellas, bien de actividades suspendidas total o parcialmente por el Decreto de Alarma o bien no suspendidas pero severamente afectadas por el Covid-19.

Como conclusiones más destacadas de este estudio comparativo, como regla general en todas las Comunidades Autónomas se han tramitado positivamente los ERTEs por fuerza mayor para las empresas transportistas, pese a su carácter como actividad esencial en atención precisamente a su condición de proveedor de empresas afectadas por el Covid-19, aunque en un porcentaje superior al 50% de la admisión de los expedientes de regulación ha sido debido al transcurso de los plazos máximos de tramitación, previsto en la ley en cinco días máximos, transcurridos los cuales procede el silencio administrativo positivo. En este sentido, cabe destacar las argucias legales que han llevado a cabo algunas Comunidades Autónomas, de dudosa legalidad por otra parte, de amplíar en sus ámbitos territoriales el plazo máximo para resolver los expedientes, estableciéndolo en 10 días, con la consiguiente inseguridad para la empresa que tramita el ERTE. Dicha práctica ha sido utilizada por las Comunidades Autónomas de Castilla-León, Asturias, Comunidad Valenciana, Baleares y Galicia.

Cabe también destacar del análisis, según Fenadismer, la gestión tan ineficiente y errática llevada a cabo en la Comunidad de Madrid, aplicando criterios de concesión o denegación divergentes para empresas de transporte con situaciones idénticas, teniendo pendiente aún de resolver casi un 15% de las solicitudes presentadas o incluso desestimando de forma ilegal otro 30% fuera del plazo máximo legalmente establecido Para colmo de este despropósito, Fenadismer ha podido comprobar algunos casos en los que la autoridad laboral ha resuelto inicialmente desestimando el ERTE y semas después ha vuelto a emitir una segunda resolución estimándolo por silencio positivo, sin que en esa segunda resolución que c
orrige la primera se haga mención alguna a la misma, ocasionando la consiguiente inseguridad jurídica a las empresas transportistas afectadas.

UGT apuesta por prolongar los ERTES, para garantizar el empleo

Las organizaciones sindicales UGT y CCOO han dirigido una carta al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, para hacerle llegar la necesidad imperiosa de realizar el mayor de los esfuerzos para contener los efectos devastadores de la enfermedad que está asolando a nuestra sociedad.
Para UGT es imprescindible continuar aplicando medidas económicas y laborales
En varias comunidades UGT ha tenido que intervenir para denunciar ERTEs como el caso de Transportes Rober, servicio público de Granada, contra la propia empresa, el Ayuntamiento de Granada, como responsable del servicio público municipal de transporte de viajeros, y a la Delegación de Empleo, como autoridad laboral que lo ha aprobado. Por considerar que el ERTE por causa de fuerza mayor en la empresa es fraudulento y no se ajusta a la legalidad vigente ya que al financiarse Transportes Rober de forma mayoritaria por transferencia o aportaciones de la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Granada, no puede recurrir a realizar un ERTE.
A pesar de este caso, UGT sigue apoyando la continuidad de las medidas de protección al empleo y de protección por desempleo, mientras dure la situación de crisis. En este sentido, el sindicato defiende la ampliación en el tiempo del procedimiento de los ERTE en aquellas empresas de transporte donde sea necesario; así como la necesidad de que se apruebe un ingreso mínimo vital de emergencia, considerando que hay más de un millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Para UGT es imprescindible continuar aplicando medidas económicas y laborales que protejan a las personas que han perdido el empleo, no pueden acceder a uno o se han visto afectados por una reducción de ingresos. Es urgente poner en marcha una renta mínima coyuntural y extraordinaria que dé cobertura a las cientos de miles de familias que se han quedado fuera del escudo de protección social y hasta que se haga realidad una Ley de Ingreso Mínimo Vital.
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