Como continuación de lo que publicamos ayer, la financiación es esencial a la hora de afrontar este tipo de iniciativas. La ONG apunta que “existen fórmulas para que este abono único de transporte no tenga que suponer una carga para los presupuestos del Estado”. Los cálculos que maneja indican que “el coste estimado total de implantar un abono de 365 euros al año, sería de alrededor de 2.000 millones de euros al año”, apenas “una fracción de los subsidios perjudiciales para el clima que se conceden anualmente”. Y se proponen diversas vías de financiación “con el objetivo de hacerlo sostenible y accesible para la ciudadanía”. Entre dichas opciones se encuentra la de aplicar el tipo de IVA reducido “únicamente sobre los servicios de transporte terrestre de viajeros”, eliminando las exenciones de los modos más contaminantes, la tributación de los combustibles de la aviación que permitiría recaudar casi 5.000 millones de euros o el aumento general de la fiscalidad de los hidrocarburos. Esta fiscalidad verde supondría una reducción de entre 5,3% y un 12,9% de las emisiones de CO2, a la vez que se aumentaría la recaudación. “El dinero para un abono único de transporte está ahí, pero hasta ahora se ha gastado en subsidios que dañan el clima”, según las palabras de Cristina Arjona, responsable de movilidad de Greenpeace. Lo más conveniente sería aplicar esta medida “en base a una ley de financiación estatal o en paralelo al desarrollo de la Ley de Movilidad Sostenible a nivel nacional, que establezca medidas y directrices que ayuden a incidir en el cambio del reparto modal hacia nuevas formas de movilidad más sostenibles”. Un transporte que facilite la vida Y sería de gran ayuda “acompañar estos abonos con mejoras en la oferta y servicios de transporte, garantizando así un servicio de calidad y con capacidad de absorber la demanda”, adquiriendo nuevos vehículos, ampliando rutas y frecuencias, mejorando las infraestructuras de transporte e implementando tecnologías avanzadas de gestión y billetaje. Con motivo de la Semana de la Movilidad, Greenpeace aprovechó para solicitar a los responsables políticos que “cambien las prioridades de financiación hacia el transporte público para garantizar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y las necesidades de movilidad de las personas”.
