La vuelta al colegio en Extremadura está marcada por la ausencia de transporte escolar en centenares de rutas. Más de 5.000 alumnos se han quedado sin clase debido al rechazo de más de 40 empresas a prestar el servicio en las 223 rutas que quedaron desiertas tras el último concurso convocado por la Junta. La imagen de niños esperando un autobús que no llega se repite en numerosos municipios, obligando a las familias a buscar soluciones improvisadas para que sus hijos no pierdan el inicio de curso.
Adjudicación directa y denuncia penal
Ante la falta de ofertas en la última licitación —que solo logró cubrir 19 de las 242 rutas sacadas a concurso—, la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, a través del Ente Público de Servicios Educativos Complementarios (EPESEC), ha emitido una resolución para adjudicar de manera directa y obligatoria las rutas a las empresas homologadas en el acuerdo marco, al tratarse de un servicio esencial.
La consejera María Mercedes Vaquera ha defendido esta medida en la Asamblea, recordando que se ha intentado llegar a acuerdos “desde el diálogo, la escucha y asumiendo reivindicaciones del sector”, incluyendo un incremento medio del 20 % en los precios de licitación, y hasta un 50 % en algunas categorías. Pese a ello, ha denunciado que determinadas compañías han recurrido a “coacciones y amenazas” con el objetivo de alterar los precios del servicio, motivo por el cual la Junta presentó una denuncia penal y pidió medidas cautelares para garantizar el derecho a la educación de los alumnos.
Las empresas, firmes en su negativa
Por su parte, las empresas afectadas aseguran que no pueden asumir las rutas en las condiciones actuales, alegando que los precios ofrecidos no cubren los costes reales. Señalan que durante el pasado curso se acordaron mejoras temporales —250 euros por microbús y 317 por autobús—, pero en la nueva licitación se plantean tarifas de 145 y 235 euros, respectivamente. “No vamos a seguir trabajando a pérdidas”, insisten, reclamando un acuerdo estable para todo el curso.
La Junta de Extremadura, que asegura haberse reunido hasta en 18 ocasiones con el sector, mantiene la expectativa de que la Justicia se pronuncie sobre la denuncia presentada. Mientras tanto, la incertidumbre continúa y miles de familias siguen sin un servicio básico que garantice el acceso a la educación en la región.
