En primer lugar, Confebús ubica la morosidad de las Administraciones, proponiendo que “se hace necesario establecer nuevos mecanismos que erradiquen estas malas prácticas, que a lo único que contribuyen es a la destrucción de empresas y empleo”. En segundo lugar, la confederación se refiere a las licitaciones públicas, las cuales “deben ser concurrentes, transparentes, equitativas y equilibradas”. Para la confederación, “los actuales modelos no logran el objetivo de conseguir la mejor relación entre los atributos que componen el servicio de transporte, la calidad, la seguridad, la innovación y el precio; generan importantes riesgos de incumplimientos a futuro en los contratos adjudicados y, por ende, la insatisfacción de los clientes”.
Confebús destaca que es necesario establecer nuevos mecanismos que erradiquen la morosidad de las Administraciones
“Tal y como se están llevando a cabo las licitaciones para la adjudicación de todo tipo de contratos de transporte, basadas fundamentalmente en las bajadas tarifarias (subastas), están provocando cambios en las estructuras del sector y a futuro supondrá una pérdida de valor y, como consecuencia, la innecesaria precariedad en la prestación de los servicios de transporte al cliente”, explica la confederación. Para evitar esta situación, Confebús plantea que “es necesario que el sistema de bajas temerarias funcione correctamente, mediante la inclusión en las licitaciones de los correspondientes anteproyectos técnico-económicos y la obligación de presentar por parte de los licitadores los estudios de demanda y costes que soportan las ofertas presentadas, como elementos fundamentales para determinar las temerarias y establecer los criterios objetivos de exclusión de las mismas”.
Financiación, extrenalización y economía colaborativa
Para Confebús también es necesario la creación de un marco normativo de financiación de los servicios de transporte público deficitarios como los urbanos, cercanías o rurales, “que asegure a autoridades, operadores y usuarios los medios necesarios para prestar un servicio que adquiere una dimensión social, ya que integra a colectivos y territorios”. La citada Ley, continúa, “debería atender, por un lado, la homogenización de los criterios de financiación de todos los servicios deficitarios de transporte de viajeros sometidos a Obligaciones de Servicio Público, como existe en otros países de nuestro entorno, e incrementar la financiación procedente de otros agentes que se benefician de la existencia de los servicios de transporte público”.
La confederación ve necesario la creación de un marco normativo de financiación de los servicios de transporte público deficitarios
Asimismo, la confederación hace referencia a la externalización de la gestión de las empresas de transporte de viajeros (EMTs, Metros, Renfe, entre otros). Así, señala que hay que promover esta práctica, “ya que los costes de operación son muy inferiores en las empresas privadas, lo que permite liberar recursos de las administraciones. Además, es imprescindible y urgente la separación de Renfe del Ministerio de Fomento como organismo regulador y su adscripción a la Sepi).
En cuanto a la regulación de la Economía Colaborativa, Confebús señala que “toda la regulación de transporte en vigor tiene como principales objetivos la seguridad y la calidad de los servicios, preservar la leal competencia y garantizar los derechos de los pasajeros, normas que no son aplicadas en la actividad desarrollada por las plataformas electrónicas que ofertan servicios de transporte público utilizando vehículos particulares”. Al respecto, la confederación segura que “es preciso que se reforme la legislación para regular estas nuevas formas de movilidad, con similares normas y obligaciones que los actuales operadores”.
'Es preciso que se reforme la legislación para regular nuevas formas de movilidad, con similares normas y obligaciones que los actuales operadores'
Finalmente, propone que se establezcan “
políticas que favorezcan el equilibrio intermodal y que brinden mayores réditos a la sociedad por la vía de una competencia más justa y/o una complementariedad más eficaz”. Entre ellas, menciona, “la rectificación de políticas tarifarias distorsionadoras (como la instrumentada en los servicios ferroviarios de larga distancia: AVE y Alvia) y una modernización equilibrada de las infraestructuras de las que depende crucialmente el autobús para un desempeño eficiente de sus actividades (carriles BUS VAO y Estaciones de Autobuses)”. Asimismo, explica que se debe promulgar una Ley de Huelga en los servicios públicos y “una normativa más clara y vinculante para el establecimiento de los servicios mínimos en el transporte público y en lo relativo a las consecuencias previstas en ausencia de dicho cumplimiento”.
