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Castilla y León estudia el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera

jueves 23 de marzo de 2017, 07:00h
Castilla y León estudia el Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera
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El Anteproyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera que prepara la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, cuyo informe ha conocido hoy el Consejo de Gobierno, recoge el reconocimiento legal del transporte público de viajeros por carretera como un servicio esencial y universal. Así mismo, pone en primer plano al ciudadano regulando por primera vez un catálogo de derechos de los usuarios.

El nuevo texto legislativo pretende garantizar un sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad, y dar respuesta a la realidad de Castilla y León, con más de 6.000 núcleos de población, 190 operadores y 300 títulos concesionales, todo ello con el máximo aprovechamiento de los recursos.

Pretende garantizar un sistema eficiente, seguro, moderno y de calidad

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente justifica también la necesidad de aprobar una nueva ley de transporte de viajeros por carretera por razones de eficiencia y movilidad derivadas de las peculiaridades territoriales y demográficas de Castilla y León, con una extensión territorial de 94.000 km2, la más grande de España; una baja densidad demográfica, 27 habitantes por km2, la tercera más baja de España ;una amplia dispersión geográfica, el 80 % de la población vive en el 12 % de los municipios; y el envejecimiento acusado, especialmente en el medio rural, lo que determina una mayor dependencia del transporte público.

Razones jurídicas

Al mismo tiempo existen razones jurídicas que hacen obligatoria la adaptación a la nueva normativa estatal y europea, de un lado, y a la propia legislación autonómica, de otro, con la aprobación de la ley 7/2013 de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

La presente ley distingue el diseño de la movilidad en las áreas funcionales estables caracterizadas por la alta concentración de población y de actividad económica, donde concurre un interés metropolitano y la necesidad de coordinación entre los distintos modos de transporte (urbano e interurbano).

Distingue unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales, caracterizadas por la dispersión y baja densidad poblacional, donde concurre un interés de la Administración por fijar población mediante la garantía de la movilidad de las personas que residen en estas zonas, posibilitando el acceso a los servicios básicos y la interconexión o transbordo con los servicios de transporte que acceden a las capitales de provincia o a centros urbanos de mayor entidad.