Desde la Federación Castellano y Leonesa de Transporte en Autobús (Fecylbus) se recuerda que la Ley de Transporte Público de Viajeros por Carretera de Castilla y León garantiza el derecho a la movilidad de la población residente en la Comunidad, calificando el transporte como un servicio público esencial. “Por el hecho de ser un servicio público esencial requiere del apoyo y el respaldo por parte de las administraciones”, señala el presidente ejecutivo de Fecylbus, Fernando García, la organización más representativa del sector en Castilla y León, con cerca de 200 empresas asociadas que colaboran con el afianzamiento de la población en el mundo rural, con más de 2.500 vehículos y 3.000 puestos de trabajo directos.
2.000 rutas y 36.000 alumnos
Ante el inicio del curso escolar, al sector del transporte público de viajeros por carretera se le avecinan importantes dudas y preocupaciones. Desde Fecylbus se recuerda que este sector fue de los más afectados por la crisis provocada por la Covid, sin que aún las empresas se hayan recuperado, a lo que hay que añadir los efectos económicos que está provocando la guerra en Ucrania y el encarecimiento de los costes de explotación de las empresas, con el desequilibrio que les supone a los operadores.
Desde Fecylbus se quiere alertar de la situación empresarial que sufren las empresas del Sector y que, de manera concreta, se agrava en lo relacionado al transporte escolar que realizan para la Consejería de Educación, con 2.000 rutas y el traslado, durante todos los días del curso escolar, de 36.000 alumnos, con puntualidad y seguridad.
Castilla y León fue pionera en España al poner en marcha un servicio de autobús que integraba el transporte regular y el escolar, que con los años ha crecido y beneficiado a los ciudadanos de una Comunidad Autónoma que sufre la despoblación de manera grave. En 2005 se inició este modelo de prestación conjunta, aunque la mayor parte de estos servicios integrados se crearon en 2016, con un incremento constante desde entonces hasta la fecha.
Con el paso del tiempo, esta prestación se ha mantenido de manera eficaz y sostenible por parte de las empresas, asegurando una oferta adecuada en beneficio de los castellanos y leoneses. Sin embargo, a lo largo de todo este periodo, cerca de 20 años, la Consejería de Educación no ha revisado los precios de estos servicios integrados, a pesar de las múltiples ocasiones en las que se ha instado a ello desde Fecylbus. Es decir, el mismo precio que se cobraba en 2005 se sigue cobrando en 2023, sin tener en cuenta subidas tan severas como las que está teniendo el IPC.
Además, Educación no ha afrontado el pago de la ayuda a la implementación del protocolo Covid, correspondiente al curso 2021-2022 y que obligaba a las empresas de autocares a adelantar gastos extra por higienización para evitar la propagación de la covid en el transporte. Tampoco ha atendido los requerimientos realizados desde Fecylbus, insistiendo en la necesidad de una solución, inmediata y certera, para revisar los precios de los servicios integrados y agilizar el pago de la citada ayuda. Por todo ello, Fecylbus muestra su preocupación por la situación económica, que es “más que complicada”, en la que se encuentran las empresas de transporte en autobús de Castilla y León que prestan estos servicios
