La DGT tiene en su lista negra a 45 conductores que ostentan en su historial más de 50 sanciones firmes cada uno. Incluso se da el caso de un conductor que acumula ya 92 sanciones firmes que no ha pagado, y de otro que ya debe a Tráfico 30.000 euros, entre multas firmes y en trámite.
Entre todos los cuerpos policiales dedicados a la seguridad vial que existen en España -Guardia Civil, Mossos d"Esquadra, Ertzaintza, Policía Foral de Navarra y policías locales- se imponen cada año unas quince millones de multas de tráfico. El largo procedimiento administrativo actual es aprovechado por miles de morosos para eludir el pago de forma casi indefinida.
Si la DGT consiguiera cobrar todas las infracciones que detecta, recaudaría unos 781 millones de euros cada año, aunque la cantidad final que consigue cobrar es muy inferior. Eso sin contar los importantes gastos que genera el procedimiento administrativo de una multa que al final nadie paga, como las sucesivas notificaciones postales por correo certificado, o la publicación de los edictos en los boletines oficiales, que pueden llegar a costar 700 euros por hoja.
La DGT confía en que el proyecto de reforma del procedimiento sancionador que el Gobierno confía en que pueda entrar en vigor a finales de 2009 logre mitigar este problema. Se trata, principalmente, de simplificar los trámites administrativos para rebajar el tiempo entre la infracción y la sanción.
Entre muchas medidas, se premiará el "pronto pago" con un descuento del 40% -ahora es del 30%-, mientras que en los supuestos en los que el infractor ni paga ni hace alegaciones una vez notificada la denuncia, el procedimiento se dará por concluido en un mes y la sanción será firme y cobrada por la vía ejecutiva. Además, los infractores que tengan dos sanciones firmes graves o muy graves sin pagar no podrán renovar el carné de conducir o vender su vehículo hasta que no abonen el importe adeudado.
Seguridad vial en 2009
El Consejo de Ministros ha autorizado a la DGT la contratación del servicio de publicidad de campañas institucionales para la divulgación de la seguridad vial durante el año 2009, por un importe total de 12,3 millones de euros. El contrato tiene un plazo de ejecución de un año, prorrogable un año más, y se tramitará y adjudicará por procedimiento abierto.
Las campañas institucionales impulsadas por la DGT pretenden informar, educar, concienciar y recordar a los ciudadanos la necesidad de respetar las normas de circulación en las vías públicas. Este tipo de campañas de concienciación ciudadana viene realizándose desde 1960.
