La asamblea contó con la presencia del director de Fenebus, José Luis Pertierra, así como del gerente del Consorcio de Transporte de Asturias, Carlos González, y representantes de la Dirección General de Transportes de la comunidad autónoma.
A propuesta de la Junta Directiva, la asamblea eligió a Ana Belén Barredo (de la empresa Héctor) como nueva presidenta, en sustitución de Gerardo Medina, que ha sido el máximo responsable desde la fundación de CAR en el año 1977. Junto al presidente, otras dos personas muy ligadas siempre a CAR, su secretario Víctor Pendás y el vocal de la Junta Directiva, José Ramón Suárez Uranga, recibieron una placa conmemorativa de sus compañeros en reconocimiento a su labor y dedicación en defensa de las empresas de transporte de viajeros de Asturias.
Por su parte la nueva presidenta adelantó en presencia del gerente del Consorcio de Transportes de Asturias parte de su programa, que incluye obtener una mayor financiación para el transporte público asturiano (sobre todo para las líneas deficitarias), mejorar la contratación del transporte escolar, y luchar por la prórroga de las actuales concesiones de servicios regulares. La presidenta realizó estas afirmaciones tras afirmar que la crisis económica general está incidiendo seriamente en el Sector del transporte, como consecuencia de la pérdida de actividad tanto en las líneas regulares como en los servicios discrecionales, escolares, excursiones, etc.
Acción inmediata
Barredo solicitó "medidas inmediatas" que hagan posible el mantenimiento de los servicios y garantizar el equilibrio económico-financiero de las concesiones de líneas regulares ya que, de lo contrario, estarían en riesgo numerosos puestos de trabajo. Una nota de prensa de la propia Corporación indica que las empresas concesionarias de líneas regulares se encuentran en una "crítica situación, como lo demuestra el hecho de que, a día de hoy, exista convocatoria de huelga en dos empresas asturianas, debido a que, dada la mala situación económica y del sector, las empresas están descapitalizadas y, al ser el transporte un servicio público, las empresas no son autorizadas por la administración a ajustar su oferta de servicios a la caída de demanda de la actividad".
Los empresarios asturianos también cargaron contra la "desigualdad de trato" entre los distintos modos de transporte, ya que la Administración prima al transporte ferroviario, en detrimento del transporte por carretera.
