A comienzos de marzo, el Europarlamento votó a favor de revisar al alza las tasas que gravan la circulación de camiones por la UE. Se ha estimado que dicha revisión, en el peor de los casos, hará crecer un 25% el precio de la distribución minorista, lo que no sería bien recibido por los ciudadanos europeos.
Por eso, la IRU insta los miembros del Parlamento Europeo hacia la detención del proceso normativo que culminaría con la revisión de la Euroviñeta, o al menos, posponer esa revisión hasta que se clarifique la situación económica, que ya ha provocado 140.000 puestos de trabajo perdidos y un incremento en el ratio de bancarrota de más de un 110% en el seno de la industria del transporte por carretera.
Seria amenaza
La patronal insiste en reclamar de los Estados miembros la seguridad de que la decisión final será suspendida, puesto que "supondría una amenaza para la economía y la competitividad europea en el actual clima financiero". Más aún, IRU da un paso más y pide a los miembros que se decidan a articular incentivos reales al negocio de las compañías de transporte, en un intento de ayudarlas a mantener sus inversiones en innovación y vehículos más limpios, dado que, en caso contrario, Europa podría perder el liderazgo que tanto esfuerzo le ha costado alcanzar en la búsqueda de un transporte por carretera más sostenible, que ha logrado una reducción de la polución local procedente de los camiones en un 97% y de sus emisiones de CO2 en un 36% en los últimos 10 años.
Si a todo esto sumásemos la posibilidad de que se implantasen paquetes de estímulo a la inversión en infraestructuras, eliminando la congestión vial y los cuellos de botella, y por tanto, costes innecesarios de explotación, nos estaríamos acercando a un escenario que, no por idílico, debemos dejar por imposible. Al menos, la IRU así lo atestigua, recordando que penalizar al transporte por carretera es sinónimo de penalizar al conjunto de la economía, con lo que ello significa.
