Estas decisiones se tomaron el pasado sábado 18 de abril, durante la celebración, en Madrid, de la Asamblea General de Plataforma, a la que estuvieron convocados delegados provinciales, socios y transportistas en general. Según los organizadores, "hubo una gran asistencia de todas las comunidades autónomas, reuniendo en total a más de 700 personas".
"El sentir general de los asistentes era reactivar el paro pospuesto el 27 de febrero inmediatamente, pero desde la mesa se propuso dar un margen de confianza dado el nombramiento del nuevo ministro", explican desde Plataforma. "Esperamos que siga haciendo cambios en la estructura política de Fomento y que este nuevo equipo empiece a tomar en serio las necesidades de nuestro Sector y cambie totalmente las antiguas tendencias", continúan.
Entre los cambios que se esperan está el de la puesta en marcha de "la tan solicitada" mesa de negociación, que incluya a los pequeños transportistas -"los afectados directos de la grave situación en la que se encuentra el Sector"-, y no sólo los representantes del Comité Nacional de Transportes. Otro de los temas importantes fue el compromiso adquirido entre la Asociación de Transportistas de Getafe (ATG) y Plataforma, mediante el cual ambas asociaciones se comprometen a colaborar juntas en todas las acciones a llevar a cabo.
Respecto a la convocatoria de paro, Plataforma ha querido aclarar que "este paro patronal se llevará a cabo sin ningún tipo de violencia". "Estos 15 días, del 15 al 30 de mayo todos los delegados representantes y colaboradores de Plataforma nos dedicaremos a organizar aparcamientos en puntos de estratégicos de nuestra geografía, donde no estorbemos a nadie y donde nuestras flotas puedan estar seguras, y a organizar a la gente para manifestaciones que se harán simultáneamente en las capitales de cada comunidad autónoma".
Reivindicaciones
"La reivindicaciones que tenemos hechas ya se quedan cortas, y se necesita un plan de choque urgente y la implicación directa del gobierno para solucionar el grave problema", reza el comunicado de la Junta Directiva, que vuelve a solicitar, como medida más urgente, la creación de un observatorio de costes de obligado cumplimiento, con sanciones para los incumplidores. Además, otras medidas solicitadas son la suspensión temporal de autorizaciones, tanto para transportistas como para operadores; el cobro a 30 días de obligado cumplimiento, con medidas sancionadoras para los incumplidores, e inversión de capital público para una restructuración integral del Sector. Finalmente, se rechaza el proyecto de ‘Ley Ómnibus’, por resultar perjudicial al Sector "al suprimir la obligación legal de que los servicios de transportes cubran sus costes reales".
