Las seis comunidades autónomas (Madrid, Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Asturias) que han venido aplicando durante los últimos años el conocido como céntimo sanitario -Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), se verían obligadas a devolver una buena parte de los alrededor de 2.500 millones ingresados por este concepto desde 2002.
Siguiendo las recomendaciones de organizaciones sectoriales, cientos de empresas de transporte de viajeros y de mercancías han acudido en las últimas semanas a los tribunales de justicia para reclamar a la Administración la devolución de las cantidades abonadas con cargo a este tributo, cuya legalidad ha sido puesta en tela de jucio por la Comisión Europea hace escasas jornadas, y ha exigido al Ejecutivo español su eliminación en varias ocasiones.
El 'céntimo sanitario' fue activado por el Gobierno de José María Aznar en 2002 con el fin de incrementar los flujos de ingresos de las comunidades autónomas y financiar el sistema sanitario. Desde entonces, los recursos obtenidos por esta vía han superado los 3.500 millones de euros.
Según los datos oficiales del Ministerio de Economía y Hacienda, el tramo autonómico del impuesto genera unos ingresos anuales en torno a los 500 millones de euros en las seis autonomías que lo aplican, de los cuales, según las estimaciones realizadas por Fenadismer, un 70% se corresponden a pagos efectuados por profesionales del transporte. Bajo esta premisa, y dado que el impuesto ha generado unos 3.500 millones desde su puesto en marcha, las empresas de transporte podrían llegar a reclamar una cantidad superior a los 2.500 millones de euros a la Administración.
Por contra, desde el Gobierno confían en que el conflicto con Europa se solvente. 'Estamos negociando con Bruselas y esperamos llegar a un acuerdo que respete la competencia autonómica en este campo', señalan fuentes del Ministerio de Economía al diario Cinco Días.
